“En la búsqueda del expediente se pueden encontrar varias carpetas con renuncias como beneficiarios de la reforma. Se debe hacer un seguimiento a esto”, expresó la agente Nadine Portillo.
La agente del Ministerio Público señaló que fueron recolectados varios documentos de la ofician regional del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en Ciudad del Este.
“Hay varios sin fecha exacta y tienen los mismos formatos todos. Son varios expedientes con renuncias. Creemos que pueden estar en proceso o fueron adjudicadas a alguien. Lo único que difiere, son las personas y las firmas”, explicó la fiscala.
Por su parte, el fiscal René Fernández dijo que corresponde verificar administrativamente el estado de las colonias con intervenciones para verificar la situación de esos inmuebles. “Tenemos indicios de que esto era un manejo común o regular de ese tipo de trámites”, apuntó.
Mediante una investigación periodística se pudo detectar que continúa campante el negociado de la venta de derecheras pese a la vigencia desde el año 2012 de la ley 4682 que sanciona la práctica. Además del funcionario, fueron imputados Reinaldo Bronstrup Wanderer y Andrés Cardozo, nexo con una inmobiliaria que ofrecía el terreno.
Implicados pueden ir a prisión por 5 años
El fiscal anticorrupción René Fernández explicó que la investigación se basa en la violación a la ley que prohíbe la venta de derecheras de inmuebles del Indert.
Habló de “un grupo de personas que ofrece y vende públicamente inmuebles que pertenecen al patrimonio del Indert en violación a la ley que prohíbe esa conducta”.
Fernández indicó que el mencionado delito “tiene una expectativa de pena privativa de libertad de dos a cinco años”.
El fiscal explicó que la red desarticulada operaba con un ofrecimiento público de la venta de inmuebles, supuestamente ya con el cumplimiento respecto a los plazos vinculados a las restricciones de la propiedad del Indert.
Dijo que se corroboró que se actuó en violación a dichas restricciones, principalmente la referida al plazo de 10 años posterior a la adjudicación y titulación.
Indicó que “se hace una simulación en el trámite administrativo en el cual supuestamente el beneficiario renuncia a sus derechos y aparece un nuevo interesado”, por debajo de ese trámite administrativo existe una compraventa de derechos a ese inmueble.
Según declaró el fiscal, existen funcionarios del Indert involucrados. “El intermediario sería la persona que hace el ofrecimiento público de la venta, después tenemos el beneficiario, respecto al trámite vigente en el Indert y finalmente tenemos al funcionario del Indert que operaba como un contacto que garantizaba la operación”, explicó Fernández.
