Resulta preocupante el silencio del Ministerio Público. A una semana del estallido del escándalo por la supuesta sobrefacturación de insumos comprados en plena emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, aún no hay un fiscal designado.
La Fiscalía General del Estado debe velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, y le corresponde promover la acción penal pública para defender el patrimonio público y social; y para lograr ese cometido dispone de autonomía funcional y administrativa. Sin embargo, ha elegido no hacer nada.
La Municipalidad de Asunción se había visto obligada a publicar los detalles de gastos por pandemia durante la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez, y así la ciudadanía pudo conocer la situación y el detalle de aquellos gastos gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública.
Una vez publicadas las facturas, se desató el escándalo y comenzaron los cuestionamientos por tan llamativos precios.
Entre los contratos aparecieron empresas sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Una de ellas, la Distribuidora Diest Medicinal SRL, de Benicio Cano, que figura en varios contratos ya había sido amonestada por información falsa e incumplimientos de obligaciones contractuales. En una factura emitida por la firma para la Comuna aparecen saturómetros con precio unitario de G. 885.000, cuando en el mercado se consiguen desde G.150.000.
Otra compañía cuestionada es Cova, de Juan Rodríguez. Este es un comercio de materiales de construcción y se encuentra ubicado en la ciudad de Villa Elisa; la empresa tiene denuncias de irregularidades en el año 2017 y ya recibió una amonestación por incumplimientos en el 2019 por parte de Contrataciones Públicas.
Precisamente, una de las facturas más viralizadas en las redes sociales fue la de Cova, por el precio del detergente desinfectante facturado por G. 393.800 y toallitas desinfectantes de la marca Septalkan a G. 259.600.
Con la información disponible, se pudieron conocer otras peculiaridades de los gastos realizados por el intendente electo durante la pandemia por Covid-19. Por ejemplo que la firma Bastian Comercial, con millonarios contratos en la Municipalidad de Asunción, opera desde un precario local en el Mercado Municipal N° 5. De esta firma se adquirieron detergentes, lavandinas y otros, en el marco de la emergencia sanitaria. Más un detalle descubierto por los medios de comunicación: la pequeña casilla de Bastian, en el Mercado, tenía pegada una calcomanía con la inscripción: “Nenecho intendente. Ves que se puede”.
La Municipalidad de Asunción pagó 885.000 guaraníes por un saturómetro y desinfectantes por 259.600 guaraníes, mientras las familias paraguayas clamaban por camas de terapia y medicamentos, y las polladas suplían a la raquítica salud pública. Este escándalo es grosero y es obsceno. El Ministerio Público debe investigar, no puede permanecer indiferente. Su silencio no solo le regala impunidad al candidato colorado que ganó las elecciones, su silencio también convierte a la Justicia en cómplice.
