Nuestro diario reveló que una firma ligada a Horacio Cartes alquila un local que sirve de asiento a la Unidad contra el Crimen Organizado, ubicada en el microcentro de Asunción, desde el 2019.
El contrato de alquiler fue renovado recientemente y, sumado al anterior, asciende a G. 514 millones. La propiedad pertenece a Negocios Telefónicos SA (Netel SA), una empresa vinculada al Grupo Cartes, y que tiene en su plana directiva a una pariente y amiga de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, Yrene Páez, esposa de Pedro Aquino Quiñónez, primo de la fiscala. Son nexos como mínimo llamativos, ya que lo ideal en lo ético es que no exista ningún tipo de dudas o desconfianza en este tipo de contratos ni en la gestión de una funcionaria a cargo de una institución de tanta relevancia como el Ministerio Público. Se sabe además del padrinazgo que tuvo la fiscala general, de parte de Cartes, para ser nombrada.
Y antes de que saltara esta publicación, el Senado había aprobado el 8 de julio un pedido de informe al Ministerio Público sobre los alquileres de la institución. Sin embargo, no hay respuesta sobre lo requerido. La solicitud tiene como finalidad conocer el motivo de la falta de pago del alquiler de los locales arrendados. Se indica una gran deuda en ese rubro. Es un aspecto para aclarar. Si se brinda el informe, quizás salten otros datos sensibles para la Fiscalía, como el caso del local alquilado, inicialmente mencionado.
El Senado había solicitado el listado de “contratos de locación de inmuebles (y adendas, sea de monto o plazos, en su caso) celebrados por la institución desde el 2017, indicando nombre del propietario y locatario (en caso de ser personas diferentes), ciudad, dirección y superficie, número de cuenta corriente catastral del inmueble, número de Id del llamado a contratación, monto total, fuente de financiamiento, cánones devengados (pagados y adeudados) y cánones no devengados”.
La Fiscalía no contestó, pese a la obligación establecida en el artículo 192 de la Constitución Nacional, el cual señala que las Cámaras pueden solicitar a demás poderes del Estado, a los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, y a los funcionarios públicos, informes sobre asuntos de interés público. Se responderán dentro del plazo que se les señale, el cual no será menor de 15 días.
La Fiscalía, que tiene mucho que explicar en su accionar en causas penales, porque muestra selectividad en investigaciones, también genera dudas y falta de respuesta sobre sus alquileres. ¿Selectividad también en las contrataciones?, ya que justo uno de los locales que saltaron en la publicación y que precisamente es donde funciona la Unidad contra el Crimen Organizado, coincidentemente pertenece a una empresa ligada a Cartes, calificado como “significativamente corrupto” por EEUU e incluso se lo vinculó con organizaciones terroristas. Además, como citamos, un familiar de Quiñónez es directora de la firma de la que se arrienda el edificio.
La transparencia en el manejo de la cosa pública y la no existencia de algún tipo de preferencia hacia una persona en cualquier tipo de acción administrativa son aspectos que una institución debe cuidar. Cualquier detalle relacionado con recursos estatales no deben dejar la mínima sospecha.
Luego de no prosperar el juicio político en contra de la fiscala general y del respaldo que dice tener de EEUU, la soberbia no debe ser su mejor amiga. Debe aclarar, si no hay nada que esconder, sobre los contratos requeridos desde el Senado y cualquier otro tipo de datos que despejen dudas. La claridad en el manejo administrativo debe ser la premisa a asumir todo funcionario; por eso, Quiñónez debe dar explicaciones sobre estos contratos con los detalles requeridos.