El representante de la Fiscalía lamentó lo sucedido, ya que el tribunal conformado por los jueces Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate y Cándida Fleitas rechazó la reposición que planteó el fiscal Piñánez, por ser improcedente.
El legislador había sido acusado por estafa, pero presentaron un acuerdo que Rivas hizo con el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, justo antes del juicio, como para resarcir el daño. Se pagaron G. 121.208.000, por lo que quedó sobreseído.
Lo contradictorio en el caso es que sí condenaron a los caseros de Rivas, quienes se encargaban de cuidar la propiedad, figurando como funcionarios del Congreso.
Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero fueron condenados en junio de este año a dos años de cárcel con la suspensión a prueba de la ejecución de la pena.
“mala interpretación de la ley”. Sobre lo sucedido, el abogado penalista Guillermo Ferreiro comentó a ÚH que es incorrecta la decisión del tribunal.
“En el Código Penal establece que las causas se extinguen por varios motivos, en uno de los incisos dice los hechos punibles contra los bienes de las personas (no contra los bienes del Estado), por la reparación integral del daño particular, eso se refiere a los delitos meramente patrimoniales, pero esto es un hecho punible de corrupción”, explicó.
Según Ferreiro, se trató de un delito contra el patrimonio del Estado y lo que hicieron fue buscar una salida, “como si esto fue un delito entre particulares, meramente económico, donde no hay una cuestión de cargos públicos”.
Sostuvo que “es un adefesio”, porque no es lo mismo robar a una empresa y que se repare el daño como acuerdo entre las partes.
“En cambio, acá hay un delito contra el Tesoro público, abusando de un cargo. A mí me parece que forzaron la interpretación de la ley de una manera vergonzosa”, lamentó.
Además, dijo que queda un precedente para que otras personas cometan lo mismo.
“Entonces en un hecho de corrupción. Queda como antecedente que el que no puede devolver se va preso y el que devolvió, resulta que no hay hecho de corrupción. Con ese criterio, vamos a robar al Estado y vamos a ganar la plata, si pillan se devuelve y si no, la plata se queda”, finalizó.
El caso había salido a luz gracias a varias investigaciones que realizó Última Hora, donde se demostró que el diputado utilizaba al Estado con sus empleados.
Todavía no tengo la resolución, se lee el miércoles (de la semana que viene), pero sí o sí voy a apelar.
Luis Piñánez,
fiscal.
No es lo mismo robar a una empresa y que se repare el daño como acuerdo. Acá hay un delito contra el Estado.
Guillermo Ferreiro,
abogado penalista.