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Fiscalía acusa y pide juicio para Rodolfo Friedmann y Marly Figueredo

El fiscal Osmar Legal formuló acusación contra el senador Rodolfo Friedmann, Marly Figueredo y otras personas en el caso del almuerzo escolar, que estaban imputados por lavado de dinero, administración en provecho propio, asociación criminal y cohecho pasivo.

El Ministerio Público informó a través de sus redes sociales este lunes sobre la acusación formulada contra el senador Rodolfo Friedmann, su esposa, Marly Figueredo, y otras tres personas más por supuestos delitos cometidos cuando el ahora parlamentario se desempeñaba como gobernador de Guairá.

El fiscal Osmar Legal los acusó por los mismos hechos que fueron imputados en agosto del año pasado: lavado de dinero, administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado y asociación criminal.

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La acusación se presentó en el marco de la causa que investiga a la firma Eventos y Servicios SA (ESSA), que proveyó almuerzo y la merienda escolar a la Gobernación de Guairá, administrada en ese entonces por el actual parlamentario colorado entre 2017 y 2018.

También se formuló acusación contra el primo del legislador, Silvio Alvaro Alfaro Bertolo; Lourdes María Auxiliadora González de Melgarejo y Eduardo Domínguez.

https://twitter.com/MinPublicoPy/status/1409472774150709248

Con ello, el fiscal Osmar Legal solicitó que el caso sea elevado a juicio oral y público.

El Ministerio Público señala que Rodolfo Max Friedmann supuestamente tuvo participación en la empresa investigada durante su administración al frente de la Gobernación de Guairá y autorizó y firmó un contrato para suministro de bienes con una firma que él controlaba y dirigía para su beneficio personal.

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El contrato se suscribió para la adquisición de almuerzo escolar con la firma Eventos y Servicios SA en 2016 y se adjudicó por el valor de G. 16.154.525.200, de acuerdo con el informe fiscal.

Rodolfo Friedmann y su esposa Marly Figueredo habían sido beneficiados con medidas alternativas a la prisión en el caso, con caución de USD 200.000 y USD 100.000, respectivamente, según lo dispuso el juez a cargo del caso.

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