19 dic. 2025

Fiscala asegura que “pedido de parrilla” fue sacado de contexto

Ana Girala, fiscala de San Lorenzo, imputada por cohecho pasivo agravado y asociación criminal, aclaró este miércoles que su mensaje con su secretaria en el cual supuestamente pide una parrilla “fue sacado de contexto” y no tiene nada que ver con ninguna causa.

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La fiscala Ana Girala brindó su versión de los hechos tras ser imputada por supuesto cohecho pasivo agravado y asociación criminal.

Foto: Captura NPY.

Tras un peritaje al celular de la secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz, se hallaron mensajes con la fiscala de San Lorenzo, Ana Girala, en los cuales supuestamente la agente pedía parrilla, mesa de lapacho y termos en varias causas que tenía, según explicó el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal.

Ante estas declaraciones, la fiscala Girala conversó en la tarde de este miércoles con NPY y brindó su versión, luego de ser imputada por supuesto cohecho pasivo agravado y asociación criminal.

“Eso salió de contexto. Esa conversación fue personal con ella, pero que no tiene nada que ver con ninguna causa, porque no refiere la imputación que yo haya pedido una parrilla por una causa. No está individualizado”, expresó.

Nota relacionada: Fiscal anticorrupción allana sede fiscal por presunto pedido de coima

En ese sentido, comentó que su funcionaria tenía una pareja que es dueño de una enlozadora y que ella le dice que quería cambiar el auto y que no le querían cambiar.

“Mi respuesta fue yo me conformaría con una parrilla, pero haciendo alusión a que su pareja tiene una enlozadora. En ningún momento eso se refiere a que yo quiero esta parrilla por esta causa”, agregó.

Afirmó que los mensajes fueron “tomados a la ligereza” y que se someterá al proceso investigativo.

https://twitter.com/npyoficial/status/1631035915073204224

La agente aseguró que no le da seguridad la investigación, teniendo en cuenta que el fiscal Osmar Legal le pudo haber pedido informes de todas las causas en las que tiene duda para poder comparar si realmente guarda relación con eso, como para poder hacer una imputación “con esta magnitud”.

Comentó que en el acta de imputación en su contra no hay algo en específico donde diga: “Ana Girala pidió plata en esta causa”.

Manifestó que “le llama poderosamente la atención la agilidad en el desarrollo” con que se hizo la imputación, porque todavía no hace una semana que se intervino su unidad fiscal.

Lea más: Fiscalía imputa a fiscala por presunta coima en causa por tentativa de homicidio

Recordó que ese día de la intervención, ella estaba en un juicio oral y posteriormente, fue hasta la oficina del fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, para ponerse a su disposición y él no le recibió.

“Nunca me pidieron informe de ninguna causa, ni siquiera (datos) en la causa donde supuestamente se denunció. Me fijé en la imputación y habla de la intervención en una causa. Sin embargo, se imputa por cualquier otro hecho, que hace mención a cualquier otra conversación, incluso de tinte personal con mi funcionaria, que no tiene nada que ver con ninguna causa”, agregó.

La fiscala aseguró que no hubo ninguna entrega de dinero y que “no tiene nada que ocultar”.

Más detalles

El fiscal Osmar Legal imputó a la agente fiscal de San Lorenzo Ana Girala López, a su asistente Christi Magalí Ortega Domínguez, a la secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz y al abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, soborno agravado y asociación criminal.

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Anteriormente, ya se abrió una imputación contra Liz Elena Martínez Robles, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín y Griselda Beatríz Acha Alcaraz, por tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado.

La causa guarda relación a la denuncia formulada por un hombre, a quien habrían solicitado una suma de dinero a cambio de una salida procesal para su hijo procesado por tentativa homicidio doloso, asociación criminal y perturbación de la paz pública.

De acuerdo a la imputación, se trata de un pedido de G. 32.500.000 que debía cumplir una vez realizada la audiencia preliminar.

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