El nuevo titular del Congreso Nacional había sido denunciado ante el Ministerio Público por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Siendo jefe comunal, se vio involucrado en un faltante de G. 6.000 millones, al que fue vinculado todo el clan familiar.
Última Hora intentó comunicarse con él, pero no contestó a las llamadas y hasta el momento tampoco a los mensajes en el número telefónico con terminación 71. Fuentes de la Fiscalía indicaron que se encontraba en un juicio oral y no podía atender. No obstante, confirmaron la diligencia al medio.
La causa inicialmente fue investigada por su colega Jorge Figueredo Corrales y luego pasó a manos de la fiscala Patricia Aquino, quien no había avanzado mucho en la investigación. Finalmente, quedó a cargo del agente que ahora solicitó la desestimación.
El pedido fue presentado ante el juez Rodrigo Estigarribia y, según la argumentación del fiscal Irán Suárez, no existen elementos para continuar con la investigación al legislador. Alegó que el estudio de bienes del legislador, por la Contraloría General de la República (CGR) determinó que no hay irregularidades entre los ingresos y egresos del senador cartista.
El informe de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) también habría señalado que no se constató reporte de operaciones sospechosas realizadas por el parlamentario.
