Pereira había sido imputado por el fiscal Silvio Corbeta, junto a otras seis personas porque usaron supuestamente fondos del Indert para la construcción de pozos artesianos que nunca funcionaron.
En abril del 2015, el fiscal Florencio Pereira como tesorero y su esposa Miryan Nancy Giménez como presidenta de la organización Desde Abajo hacia un Desarrollo Íntegro Social (Dadis), presentaron una nota al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra que financie proyectos de abastecimiento de agua potable para comunidades de la ciudad de Santa Rosa, San Pedro. El proyecto se aprobó desembolsándose en octubre del 2015 el 50%, es decir, G. 766.295.026. El contrato firmado señalaba que imponía un plazo de 90 días para la ejecución del proyecto. Luego se desembolsó la segunda parte, por el mismo monto.
Después se hicieron las verificaciones y encontraron que los sistemas de abastecimiento estaban incompletos y sin funcionar.
