Un fiscal imputó ayer al presidente Mauricio Macri y a miembros de su Gobierno por abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público, al no someter a debate en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que solicitó que sea paralizado.
Jorge di Lello, que hace lugar a una denuncia presentada por miembros del partido Unidad Popular, del Movimiento Popular La Dignidad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, envió un requerimiento al juez Julián Ercolini para que inicie una investigación penal contra la cúpula del Gobierno. Además, el fiscal imputó al jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás Dujovne; el presidente del Banco Central, Luis Caputo, y todo aquel que el devenir de la investigación indique como partícipe o responsable. “Considero que el análisis realizado por los denunciantes es verosímil y lógico, por lo que entiendo atinado formalizar el impulso de la acción penal y realizar las medidas de prueba que resulten útiles para esclarecer lo sucedido”, explica el fiscal Di Lello. En concreto, Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo señalan en su querella que la conducta del Gobierno para acordar en junio con el FMI un crédito de 50.000 millones de dólares es violatoria de la Constitución. efe
