El fiscal aclaró que la ley penal castiga el cohecho pasivo no solo por recibir dinero, sino por la mera solicitud. Aseguró que “el Ministerio Público sostiene de que el ex ministro Bajac solicitó sumas de dinero. Vamos a demostrar de que lo hizo personalmente y a través de otras personas; entiéndase abogado o funcionarios, en el tiempo en que él cumplía funciones en la Corte Suprema de Justicia”.
En sus alegatos, dijo que en las negociaciones, el 2 de febrero del 2018, Bajac solicita para seguir que se dé intervención a un abogado (Juan Carlos Ávila Meza), donde se firma un pacto de cuota litis del 5% del total, que equivalen a G. 3.700 millones.
Incluso, se mencionó que iban a conseguir también el voto del ya fallecido ex ministro José Raúl Torres Kirmser, pero nunca hubo evidencia de que el mismo tuviera que ver.
Remarcó que en julio del 2018, Bajac pidió como adelanto la suma de 50 mil dólares. Ahí fue que denunció el caso ante la Fiscalía. Con las negociaciones, la suma quedó en USD 25.000.
Así fue que en el operativo encubierto fue detenido el coprocesado, Luis Rafael Ramírez Doldán, en la Plaza de la Justicia. El fiscal Piñánez aclaró que el abogado Ávila Meza reconoció los hechos y tuvo una suspensión del proceso, y ahora, fue ofrecido como testigo en la causa.
Los jueces Rossana Maldonado, Juan Francisco Ortiz e Inés Galarza fijaron la continuidad del juicio para el 3 de marzo, a las 11:00.