En un dictamen presentado ante la jueza María Servini, el fiscal Ramiro González -quien en abril se hizo cargo de la acusación pública para la causa impulsada en Buenos Aires- pide la detención y extradición de 16 personas para someterles a declaración indagatoria en varias causas sobre la represión franquista, incluyendo la primera petición de imputación por un caso de bebés robados.
“Estamos muy conformes con todo lo que ha pedido el fiscal”, manifestó a Efe Ricardo Daniel Núñez, uno de los abogados de los denunciantes, quien destacó que por primera vez un fiscal se ha implicado en la causa y se ha tomado “muy en serio, como corresponde un delito con la gravedad que tiene esto”.
El fiscal pidió la detención de los exministros franquistas Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, José María Sánchez Ventura Pascual y Antonio Barrera de Irimo, este último fallecido recientemente, según comunicó la Coordinadora Estatal en Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (Ceaqua) en un comunicado.
Carro Martínez, de 91 años, ministro entre 1974 y 1975 y diputado en la Legislatura Constituyente española y en cuatro legislaturas más por el Partido Popular, convalidó con su firma las sentencias de muerte de Salvador Puig Antich (el último ajusticiado a garrote vil en la historia de España) en 1974 y de José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarría, fusilados en 1975.
De la Fuente, de 91 años, convalidó la sentencia contra Puig Antich cuando era vicepresidente del Gobierno franquista (entre 1974 y 1975); y Sánchez Ventura Pascual, de 92 años, exdirector del periódico Informaciones y ministro de Justicia durante el último gobierno franquista, firmó las sentencias de los cinco fusilados en 1975.
El dictamen también contemplaba la detención de Barrera de Irimo, fallecido el pasado 24 de septiembre a los 85 años de edad, quien fue ministro de Hacienda en 1973 y vicepresidente segundo del penúltimo gobierno franquista hasta octubre de 1974, por la firma de la sentencia de muerte contra Puig Antich.
Además, el fiscal también reclamó la detención de Alfonso Osorio García, de 90 años, ministro de la Presidencia durante el primer gobierno en monarquía, por haber ordenado presuntamente la represión contra una concentración de trabajadores en Vitoria (norte de España) el 3 de marzo de 1976, que se saldó con la muerte de cinco trabajadores.
Las órdenes de detención internacional se piden “en el marco de solicitud de extradición y a efectos de que presten declaración indagatoria” en respuesta a las peticiones realizadas por los distintos querellantes, según el comunicado de Ceaqua.
Asimismo, la fiscalía pide imputar a Antonio Troncoso de Castro y Carlos Rey González, en calidad de miembros del Cuerpo Jurídico Militar durante el franquismo.
También se pide la detención de los exmiembros de las Fuerzas Armadas Jesús Quintana Saracibar (excapitán de la policía armada), Jesús González Reglero (excomisario de policía), Ricardo Algar Barrón (excomisario de policía), Félix Criado Sanz (exjefe de brigada), Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres (excomisario de policía), Benjamín Solsona Cortés (exjefe superior de policía) y Atilano del Valle Oter (exbrigada).
Por primera vez se solicita también una detención relacionada con la apropiación de niños durante la dictadura, en la figura de Abelardo García Balaguer, exmédico ginecólogo.
El fiscal incluye en su dictamen una petición para que el Vaticano y a los arzobispados españoles remitan a la causa toda la documentación relativa a la colaboración de la Iglesia española con la dictadura franquista, a raíz de una denuncia presentada por sacerdotes que estuvieron presos en Zamora (oeste).
También incluye nuevas peticiones de exhumación de fosas comunes y el envío de la documentación que posean los Gobiernos español y regional de Cataluña sobre la detención, tortura y fusilamiento del expresidente catalán Lluis Companys (1933-1940, en el exilio desde 1939).
