Durante el procedimiento, el representante del Ministerio Público dispuso la incautación de equipos informáticos de funcionarios judiciales y de la jefa de la referida sección, además de los teléfonos celular, que serán sometidos a peritajes.
Esto de manera a corroborar los procesos de los expedientes originales que fueron incautados el pasado miércoles del estudio jurídico de la abogada Zully Ortíz García, sindicada como la representante legal de la empresa Vanessa y Asociados, firma que promovió las demandas ejecutorias con pagarés ya cancelados para los embargos de miles de víctimas de un esquema corrupto de doble y hasta triple cobro mediante descuentos compulsivos.
“En esta carpeta fiscal se investigan numerosas denuncias que señalan que supuestamente personas inescrupulosas conformaron toda una estructura delictiva con el objetivo de estafar a la gente asalariada, mediante demandas promovidas para el cobro de deudas ya saldadas”, menciona un comunicado oficial del Ministerio Público.
documentos originales. El pasado miércoles, el fiscal Suárez encabezó un allanamiento en el estudio jurídico de la abogada Zully Ortiz Garcete, representante de la firma Vanessa y Asociados, que está bajo investigación como presunta integrante de una organización. En dicho despacho fueron encontrados e incautados un total de 31 expedientes originales de juicios ejecutivos, que debían de permanecer en el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval. También fueron incautados CPU y celulares de la abogada Ortiz y sus funcionarios.
Al respecto, el fiscal Suárez señaló que “llama la atención en primer lugar el hecho de que estos expedientes originales se encuentren en un estudio jurídico. Verificados también los basureros, hemos encontrado providencias, cédulas de notificación, que podrían estar siendo confeccionados en este lugar. Entonces, son situaciones que llaman bastante la atención y van a ser cotejados con los expedientes judiciales”.
Las denuncias indican que supuestamente varios jueces de Paz, secretarios y ujieres, además de abogados y empresas estarían implicados en el cobro compulsivo de tales documentos contables.
