El fiscal Adjunto de Derechos Humanos Ricardo Merlo solicitó ayer la remisión de un informe pormenorizado a su colega Enrique Gómez sobre el caso que investiga al suboficial segundo Lorenzo Vargas Giménez (30), por supuesto feminicidio de su ex pareja María del Carmen Mendieta, en febrero de 2017, hecho que confesó ante las autoridades.
El interviniente liberó al uniformado, alegando que estaba pendiente una prueba de ADN. Gómez deberá informar a su colega por qué otorgó la libertad al encausado, minutos después de ser detenido e incluso tras haber ordenado la detención del uniformado en forma urgente.
“El Adjunto Merlo requirió informes de las actuaciones realizas en el proceso abierto y nosotros también solicitamos desde la Oficina de Género”, explicó Elida Favole directora de comunicación de la Fiscalía.
Es la segunda vez que un representante del Ministerio Público está en la mira por dicho proceso en cuestión.
El primero fue el agente Adriano Ortiz, quien había solicitado el sobreseimiento provisional de Vargas Giménez, ya que en nueve meses que tuvo la carpeta fiscal en sus manos no realizó diligencias investigativas.
Por dicha actuación la Adjunta María Teresa Aguirre apartó del caso a Ortiz y derivó a inspectoría su desempeño en la causa. En su lugar designó a Otilia Aguilera, pero posteriormente fue trasladada a otra unidad fiscal, entonces Gómez se quedó con el proceso.
Piden justicia. Los familiares de María del Carmen piden que se haga justicia.
Indicaron que las autoridades judiciales desde hace años protegen al presunto autor del hecho.
Resaltaron que la joven madre de un niño de 4 años convivió con el principal sospechoso de su muerte durante 10 años, marcados por violencia y amenazas de muerte.
La mujer fue hallada sin vida en febrero de 2017 en un terreno lleno de malezas, en J. Augusto Saldívar. La autopsia determinó que fue asfixiada.