El fiscal Osmar Legal acusó al senador colorado Rodolfo Max Friedmann por lavado de dinero, administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado y asociación criminal en el caso de las supuestas irregularidades con fondos del almuerzo escolar. La Fiscalía además presentó acusación contra otras cuatro personas y pidió juicio oral.
Según consta en la acusación, Friedmann tenía entre sus funciones ordenar gastos y firmar contratos con proveedores y es ahí donde entra la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA), designada como la encargada de proveer el almuerzo escolar en la Gobernación de Guairá en los periodos 2016 y 2017.
Se sospecha que el ex senador tuvo participación en la empresa e impuso condiciones, como que su primo hermano Silvio Alfaro (otro de los acusados) y una contadora sean parte de la firma. Supuestamente, sugirió que ESSA abriera cuentas bancarias en guaraníes y dólares.
Una de las fuertes hipótesis del Ministerio Público es que existe un esquema delictivo a través del cual Friedmann “autorizó y suscribió para su beneficio personal un contrato administrativo para el suministro de bienes con una empresa que, en ese caso, él mismo controlaba y dirigía”.
MÁS ACUSADOS. En la misma causa, están acusados el primo hermano del senador Silvio Alfaro y la contadora Lourdes González de Melgarejo, ambos por lavado de dinero, asociación criminal y administración en provecho propio.
También se le acusó a Eduardo Domínguez, entonces funcionario de la Gobernación, por asociación y lavado.
Por último, fue incluida en el proceso la esposa de Friedmann, Marly Figueredo, por supuesto lavado de dinero.
En diciembre del 2016, ella recibió de su esposo una camioneta Mercedes-Benz. “Este vehículo fue adquirido por Rodolfo Friedmann con fondos provenientes de la empresa ESSA, el cual fue entregado para su uso personal a su esposa”, dice la acusación.
Hay convicción de que, al momento de la compra del rodado, Figueredo sabía que se pagaron USD 50.000, con el cheque que era propiedad de la firma.
Ahora el juez José Delmás debe fijar fecha para convocar a los procesados para la audiencia preliminar, donde se decidirá si afrontarán juicio.