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Firmas se exponen a sanción de tres años sin proveer al Estado

 

Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), explicó ayer que la entidad espera la comunicación oficial sobre la decisión de Salud de rescindir totalmente los contratos firmados con Imedic SA y Eurotec SA, para la provisión de insumos y camas en el marco de la pandemia. Ambas firmas, en el ámbito de Contrataciones Públicas, se exponen a una eventual sanción de hasta tres años de imposibilidad para proveer a todo el Estado.

Conforme a lo que comentó Seitz a un medio local, las empresas que se encuentran en situación de incumplimiento en acuerdos con el sector público enfrentan dos tipos de consecuencias: La primera, inmediata, es que no pueden volver a presentarse o firmar en procesos dentro de la misma institución con la que incumplen; mientras que la segunda, relacionada al proceso de rescisión de contrato por incumplimiento, es el afrontamiento de un sumario.

“El proceso para aplicación de sumario se realiza en la DNCP, es un proceso controversial, es decir, se da derecho a la defensa y participación a la parte afectada, existen etapas probatorias en el caso de que sean necesarias con un plazo de 30 a 45 días de acuerdo a lo que se necesite comprobar o requerir información fuera del ámbito de Contrataciones Públicas”, manifestó.

Continuó diciendo que la sanción máxima es de hasta tres años de inhabilitación en el ámbito de contrataciones, pero que si la DNCP detecta otras irregularidades que forman parte de la competencia de otras instituciones de control, como por ejemplo el Ministerio Público, se derivarán los antecedentes a cada una de estas entidades.

irregularidades. Pese a que existe aún una investigación abierta en Contrataciones Públicas, Pablo Seitz adelantó en que varias de las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR), al proceso de compra de Salud también forman parte de lo que está revisando la DNCP, como por ejemplo el pago poco claro del anticipo, entre otros puntos.

La Contraloría calificó de “viciada de irregularidades en todas sus etapas” el proceso de adquisición de diferentes productos realizada por el Ministerio de Salud, para el cual fueron adjudicados Imedic y Eurotec. El monto total del contrato era de más de G. 85.200 millones. La compra se hizo por vía de la excepción, bajo argumento de urgencia impostergable.

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