“Ahí todos hemos perdido. El golpe no fue solamente contra Lugo, sino contra la democracia paraguaya en transición y con frágiles instituciones”, declaró Fernando Lugo en una entrevista con EFE, cuando se cumple una década de su salida de la Presidencia.
Lugo, un ex obispo católico que con su triunfo electoral en 2008 acabó con 61 años de hegemonía del Partido Colorado, se refirió así al resultado del “juicio exprés” que se votó el 22 de junio de 2012.
Ese día, el Senado lo declaró culpable por mal desempeño de sus funciones en un proceso que, según dijo, duró “17 horas” y se convocó tras la muerte de 6 policías y 11 campesinos en un operativo de desalojo de tierras en la población de Curuguaty (sureste).
“Hace 10 años hubo mucha confusión y sobre todo en la información de lo que fue un enfrentamiento entre policías y campesinos”, recordó Lugo, quien advierte que la pregunta que hasta hoy está vigente es "¿qué pasó en Curuguaty?”.
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Para el senador, la que ahora se conoce como la “masacre de Curuguaty” fue “un evento que políticamente se aprovechó muy bien para iniciar un juicio político con un libelo acusatorio con argumentos muy frágiles”, para justificar su destitución.
Reconoció que el triunfo que obtuvo en las urnas apoyado por movimientos sociales y por una inédita alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) le aseguró el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, no contaban con un respaldo del Parlamento ni tenían “buenas relaciones con el Poder Judicial”.
A ello atribuyó que durante sus casi cuatro años de gestión tuvieran “22 amenazas de juicio político”.
“A nivel personal, yo ya casi no creía, pensaba que era una amenaza más. Pero estaba tan bien orquestado (el juicio) con la oposición y algunos organismos internacionales, los medios de prensa, que lo ejecutaron en tiempo récord”, señaló Lugo.
La decisión, confiesa, lo dejó personalmente “dolido”, ya que costó “mucho llegar a la Presidencia y romper el modelo de un país, de un partido hegemónico”.
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No obstante, considera que lo ocurrido “forma parte de esta dolorosa, débil y frágil transición paraguaya”.
Después del voto de condena de 39 de los 45 senadores, el ex gobernante aseguró que “no había otra forma que acatar una decisión injusta, un juicio político sin pies ni cabeza, pero que tenía las formas legales constitucionales”.
“El juicio político es una figura constitucional que existe en casi todos los países, pero –lamenta– se ha utilizado tan burdamente, específicamente en la argumentación, en el tiempo, en el proceso y también en la condena”.
Transcurridos 10 años y ahora en el Senado, al que llegó en 2013 apoyado por la alianza de partidos de izquierda Frente Guasu, considera que “sin duda” la deuda más grande en su país es la reforma agraria.
“Son casi ocho millones de hectáreas que fueron repartidas a sujetos que no son dignos de la reforma agraria”, señaló, al citar el informe de la Comisión de Verdad y Justicia.
También observó que durante este tiempo “se terminó la salud gratuita”, así como la negociación “de igual a igual” sobre la hidroeléctrica de Itaipú, que es compartida por Paraguay y Brasil.
