El Ministerio de Transporte de Argentina informó la adopción de un peaje de USD 1.47 (G. 10.825) por tonelada de registro neto de las embarcaciones en el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia, en la Hidrovía Paraguay-Paraná, a partir del pasado domingo 1 de enero del 2023.
Por dicha postura, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) anunció su descontento ante la medida y solicitó al Gobierno Nacional adoptar medidas para la rectificación inmediata de esta situación.
Mencionaron mediante un comunicado que esta imposición representa una violación a las normas de carácter bilateral entre Argentina y Paraguay, lo cual supondrá un sobrecosto para las empresas importadoras y exportadoras del país, afectando a todos el costo logístico.
Señalaron que el acuerdo de transporte fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, que forma parte de la legislación de ambos países, establece en sus capítulos I al IV principios como la libertad de navegación, la igualdad de tratamiento y la libertad de tránsito, los cuales –según la Feprinco- están siendo abusivamente vulnerados con la adopción de esta resolución que regirá el comercio interno de Argentina, y el que involucra a un Estado limítrofe, como es el Paraguay.
Los gremios representados por la Feprinco solicitaron al gobierno paraguayo que responda ante esto con la adopción de medidas “espejos”, ante esta decisión unilateral por parte del Gobierno argentino.
En total, el sobrecosto que producirá el peaje en un tramo de la hidrovía es de 55 millones de dólares al año; mientras que 22 millones de toneladas de productos se mueven al año por ese tramo fluvial, y serán 50 millones en el 2030.
Así también hicieron un llamado a los vecinos (argentinos) que respeten los acuerdos suscriptos en la materia, velando y garantizando las relaciones entre países, hechos necesarios para el buen desempeño del comercio internacional.
Reunión por peaje
La reunión para debatir acciones en relación con el pretendido peaje argentino en la hidrovía, anunciada para este lunes, será finalmente este martes, a las 11:00, en la Cancillería.
Juan Carlos Muñoz, representante del Cafym, reiteró que hay un pedido oficial para suspender la resolución 1023/2022 del Ministerio de Transporte del vecino país, pero “no hay respuesta”.
Muñoz explicó que la medida no corresponde para nada, ya que “no hay un servicio, ni una garantía de servicio a prestar siquiera”.
