Se había establecido el tratamiento de código de la propuesta, y el cartismo y sus aliados ya fijaron el siguiente miércoles 13 para finiquitar y remitir a Diputados.
La iniciativa produce varias posturas encontradas, entre la versión original, emanada del Ejecutivo, y la parte que ya está siendo modificada en Senado.
La versión del gobierno busca que la propuesta, que versa sobre el ingreso a la función pública, afecte a los tres poderes. No obstante, los cambios que se presentaron exceptúan tanto al Legislativo como al Poder Judicial como los órganos a ser afectados.
Precisamente, en el Artículo 3, establece que “(…) cada órgano constitucional autónomo será autoridad de aplicación en materia de función pública y, por ende, encargada de reglamentar y aplicar esta ley en las relaciones laborales que no tengan un régimen especial (...)”.
En cambio, la versión del Senado agrega: “El Poder Legislativo, el Poder Judicial y cada órgano constitucional autónomo será autoridad de aplicación (…)”.
También, en el artículo 5, no existe una coincidencia, pues el Ejecutivo determinó que sea el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el que entienda en la política de remuneraciones del sector público.
Para el Senado, en cambio, el MEF no tiene jurisdicción en “determinar el monto del salario que debe recibir un servidor público”.
Con el citado proyecto de ley se crea un Instituto Nacional de Administración Pública, lo que tampoco convence. El MEF quiere el control del mismo, pero la modificación habla de que el órgano tenga la categoría de Instituto Superior.
