Hemos iniciado un nuevo periodo gubernamental con el trasfondo de un hastío y rechazo a la vieja política paraguaya. La de las prebendas, las canonjías y la mediocridad. Cuanto más se requiere mejorar la calidad de gestión del Estado, menos signos optimistas vemos en el horizonte lo que hace presumir que tendremos una navegación procelosa. Se ha perdido mucho tiempo desde el triunfo de Abdo hasta su asunción el pasado miércoles y los 100 decretos que cambiarían el país solo hacen referencia a muchos nombres absolutamente poco potables para los tiempos que enfrentará el Gobierno. El discurso apuntó a la necesidad de construir una justicia independiente, pero muchos de sus actores hoy son figuras en el gabinete asumido con cargos incluso de viceministro de seguridad. No existe mucha coherencia entre lo que se quiere y lo que se hace, y eso puede tener un alto costo a corto plazo.
Los favores en campaña deben ser pagados con una gestión absolutamente diferente a la que se tuvo anteriormente, donde dominó el desprecio a la política tradicional y donde los gerentes de las empresas de Cartes fueron los que realmente llevaron las riendas del poder. No estuvo el Partido Colorado ni menos sus ministros a cargo de la República. Ella fue gerenciada desde afuera con un alto costo de corrupción que solo ahora comienza a emerger –como el caso del Metrobús y los seguros de la empresa del secretario general López Moreira–. Esto le hizo un gran daño al país y es fundamental que el presidente electo entienda claramente que la paciencia hacia este tipo de acciones será cada vez menor en estos tiempos dominados por la crispación y la ira. No es suficiente con decirle al zorro que no tolerará que no coma las gallinas a su guarda, lo que tendría que hacerse es no colocarlo en ese espacio donde por su naturaleza solo puede comerse lo que se lo ha puesto en guarda. Yacyretá e Itaipú son dos activos muy importantes del país, que no pueden otorgarse su administración en pago de favores y lamentarnos después los altos costos que ello supuso para el país.
Deben acabarse los hechos conflictivos de interés entre lo público y lo privado. Eso entre otras cosas hizo que Chile estuviera a punto de alcanzar su nivel de país desarrollado con 25.000 dólares de ingreso per cápita anual frente a 5.000 de los nuestros. Ahí está muy mal visto y se desprecia tener negocios privados coludidos con los intereses del Estado. Se ve muy mal que un abogado como Javier Parquet sea al mismo tiempo asesor del Ministerio de Hacienda y defensor de los desahuciados acreedores de las farmacéuticas. En el campanario o en la procesión, y hay que optar. El Estado que crea dificultades para pagar alienta a abogados con amistades en el Gobierno que cobren un porcentaje por un pago que debe hacerse con acuerdo a la ley de presupuesto. Mucho cuidado en estos temas para el Gobierno entrante. Pagar favores es la coartada perfecta para la corrupción y el rechazo ciudadano.
El gran favor que únicamente debe pagarse es a este pueblo que tiene todo para pegar el salto hacia el desarrollo, pero sigue hablando de pobreza, mala educación, escasa calidad en salud y todo por obra de gobiernos que privilegiaron a sus amigos y compinches y se olvidaron de sus mandantes. Estos han perdido la paciencia y no se saldrán de las calles fácilmente. Conviene acertar para no perderlo todo.