La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) es el símbolo de cómo la corrupción fue y sigue carcomiendo la cosa pública. Históricamente fue manejada como botín político por las administraciones de turno, con gestores incapaces que la dejaron con un triste 3% de participación de mercado en un negocio que requiere logística para mover mercaderías por USD 20.000 millones al año entre exportaciones e importaciones.
Con voraz apetito, los liberales marcaron todo un récord, incluyendo en la nómina a más de 300 colaboradores que llevaron G. 2.300 millones en pocos meses antes de entregar el Gobierno; en la Fiscalía, que investiga el caso, los bautizaron como Los fantasmas de Federico, pues nunca nadie los vio poniendo un pie dentro de la institución.
Por todo lo que representa el comercio exterior paraguayo, dependiente en un 85% de los ríos, Puertos hoy debería ser el buque insignia de los entes públicos, aportando recursos para que el Estado pueda redistribuirlos. Es todo lo contrario: alimentar a este monstruo cuesta USD 30 millones al año.
Este Gobierno prometió cambios, adecuando la institución a los nuevos tiempos, invirtiendo para competir. Se supone que saben cómo hacerlo, teniendo en cuenta que el presidente Horacio Cartes y su primer anillo tecnócrata estuvieron al frente de empresas exitosas.
Aburguesados. Sin embargo, una investigación de este diario constató que siguen las contrataciones sin concurso para los recomendados de diputados y senadores, quienes tienen sus tentáculos en la institución; además, aumentos salariales para mantener en paz a los muchachos de los sindicatos, de modo que todos puedan trabajar tranquilos.
El carnaval de comisionamientos también continúa. Con una superpoblación de al menos 1.000 funcionarios, Puertos se da el lujo de contratar a más gente para remitirla a otras instituciones pero cargando con sus salarios, algo totalmente ilógico y que va a contramano con cualquier principio de buena gestión.
Al ser consultados sobre el esquema, los directores dijeron que no sabían que debían llamar a concurso de méritos para contratar personal cuando asumieron; que luego tuvieron que comisionarlos porque los nuevos colaboradores viven muy lejos y además no tenían otra alternativa que ascender al personal de limpieza a áreas administrativas, porque están todos “aburguesados”.
La guinda a la torta la puso el operador político confeso del diputado Carlos Núñez Salinas, Carlos Argüello, a quien Puertos paga G. 7 millones al mes para trabajar con las seccionales coloradas de Central.
Orgulloso, Argüello –quien también es predicador– reveló que tiene a su cargo 44 seccionales, además, está analizando candidatarse a intendente de Villeta por el movimiento Jóvenes con Valores.
Una ironía que terminamos pagando todos.