No hay más margen que implementarla de la mejor manera posible para que los electores tengan mejores opciones que elegir y que los resultados no se presten a manipulaciones ni distorsiones como acontecían con las benditas actas. Todo lo que se diga en torno a su validez o eficacia resulta ser absolutamente extemporáneo. Contrataciones Públicas no puede parar esto como tampoco nadie desde el sector político. Hay que cumplir la ley y a otra cosa.
Sin embargo, como tenemos una larga tradición de tergiversar el sentido de la norma que dice una cosa y el reglamento otra distinta, todos creen que estamos ante un gigantesco contubernio que puede aplazar el ingreso de la modernidad en nuestra experiencia electoral. No existe margen alguno para esto. Hay comicios para julio de 2020 en las internas de los partidos y luego elecciones municipales en noviembre.
Falta mucho tiempo para organizar estos comicios y lo único que debiera realizarse con puntillosidad y rigor es la contratación de las máquinas y observar que sus resultados sean absoluta y prontamente fiables. Que si los electores sabrán usarlas o no ya no es de recibo. Si más de siete millones de paraguayos tienen celulares desde donde realizan diariamente tareas más complejas y delicadas que votar por un concejal, intendente o legislador, solo eso no tendría que llevarles a un pequeño grupo de políticos a subestimarles su inteligencia ni capacidad.
Hoy los electores envían millones de guaraníes todos los días a través de sus celulares, y algunos presumen que no sabrán elegir entre Portillo o Galaverna.
Están insultando nuestra inteligencia. La inmensa cantidad de operaciones importantes que se hacen en los teléfonos inteligentes sobrepasa en mucho lo que en la pantalla de la urna electrónica se deba realizar. Además, la hemos experimentado hace 18 años, cuando todavía no usábamos WhatsApp, que acabó con la vida, el honor y el pudor de muchos.
En realidad, nos podríamos ahorrar millones de dólares anuales si implementáramos el voto desde el teléfono celular. Casi medio billón de dólares podrían tener como destino la salud y la educación si con un pin desde el teléfono podríamos escoger por el que nos guste y desde la comodidad de nuestras casas. ¿La cantidad de intermediarios, tratos apu’a y piratas que dejaríamos en el camino? Los transportistas y taxistas dejarán de influir sobre las tarifas porque tampoco sus servicios serán necesarios. Requeriremos un par de técnicos informáticos por partido y los resultados se darán a minutos de concluir el acto comicial.
Algunos dirán que todo esto es ciencia ficción y que nadie lo aplica en ninguna parte del mundo, ¿y? ¿Acaso este no es el país donde “nuestras costumbres no se parecen a otra nación? Pero si cuando ya tenemos ley y el mandato popular está enderezado a que sean los electores los que se equivoquen, ellos y no solo los electos, no queda más que llevarlo a la práctica, y sí... con la mayor innovación, rigor y confiabilidad posibles. Adelante, porque eso es lo que quiere la gente y es lo que dice la ley, todo lo demás es pérdida de tiempo y un vyrorei. Todo aquel que extemporáneamente plantea un debate sobre esto o quiere llevar a los apurones la licitación del alquiler resulta sospechoso de querer medrar de nuevo con el dinero de los contribuyentes o distorsionar su voluntad.
Es así de sencillo esto, basta de distracciones bizantinas y a concentrar nuestros esfuerzos en cumplir los mandatos de los mandantes a pesar de la voluntad contraria de algunos mandatarios que nos quieren distraer.
