En este minucioso informe sobre el caso publicado hoy por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no solo revelaron más fallas en las pesquisas, sino que alertaron de la creación de una nueva versión oficial basada en los testimonios de detenidos torturados y a un nuevo estudio de fuego que consideran un despropósito.
En una multitudinaria presentación del documento en la Ciudad de México, el experto chileno Francisco Cox habló de la creación de una nueva versión oficial que afirmaría que no fueron los 43 estudiantes asesinados y quemados en Cocula, tal y como consideró la Fiscalía en la controvertida “verdad histórica”, sino una parte de ellos.
Este nuevo escenario apareció tras la publicación del primer informe del GIEI en septiembre de 2015, recordó, y se ha sustentado en la declaración de un líder del cártel Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, alias el Gil.
Este fue torturado al declarar, de la misma manera que cerca del 80 % de los detenidos registrados en su primera parte del mandato, por lo que carece de validez en un proceso penal, destacó Cox en rueda de prensa.
Esta hipótesis también se respalda en un reciente peritaje de especialistas encargados por la Fiscalía y que habla de 17 cuerpos quemados en Cocula, sureño estado de Guerrero, en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Hoy el GIEI dijo que, con apenas nueve páginas, carece de “rigor científico mínimo” y está encaminado a “responder preguntas” - las de la Fiscalía- “fuera” de su área de conocimiento.
A este hecho se le suman una serie de barreras a sus propias pesquisas, que arrancaron en marzo del pasado año en virtud de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno mexicano y los padres de las víctimas.
“No hay duda que en el suministro de información por las autoridades y entidades gubernamentales se puede generar en términos claros y categóricos una posible obstaculización a la información”, señaló la colombiana Ángela Buitrago, miembro del GIEI, que también habló de una lentitud administrativa a la hora de proporcionar datos.
Un caso claro es el de los militares del 27 Batallón, con sede en Iguala, a quienes no pudieron entrevistar tras meses de petición, y de quienes no obtuvieron tan siquiera documentos por escrito.
Además, el GIEI denunció cambios en las declaraciones de varios soldados antes y después de la presentación de su primer informe, lo que abundaría en esta retahíla de incongruencias que señalan a una semana de concluir su segundo mandato.
Una de las más significativas fue la aportación de fotografías que ponen en entredicho cómo se encontraron dos bolsas con restos humanos del río San Juan y de las cuales se obtuvieron pruebas genéticas de uno de los desaparecidos.
También abrieron nuevas línea de investigación, por ejemplo, dibujando un escenario de violencia más grande con la documentación de nuevos retenes y ataques armados en un radio de 80 kilómetros a la redonda de Iguala.
Ello probaría “una finalidad clara de crear un círculo de control para evitar la salida de los estudiantes de la zona”, indicó Buitrago.
Asimismo, los expertos dieron nuevos elementos que colocarían a agentes de la Policía Federal en varias escenas del crimen, en el momento o después de los sucesos.
Reveló que fue una patrulla de federales quienes detuvieron e hicieron bajar apuntando con pistola a los jóvenes del quinto autobús, que podría estar cargado con heroína, por lo que el GIEI pide que se investigue como el móvil del ataque armado.
“El quinto bus es una hipótesis a investigar que podría estar justificando un ataque de contundencia masiva y temporalidad y de esta extensión territorial”, insistió Buitrago.
La presentación, ante centenares de familiares, activistas y medios, no contó con la presencia de ningún miembro del Gobierno federal, tal y como lamentó el presidente de la CIDH, James Cavallaro, durante el acto.
“Cuando llegamos a México hace un año y un mes se abría un oportunidad” para lograr la verdad, pero “desafortunadamente” hoy estamos “sin responder la pregunta que nos hicimos todas la noches durante ese año y un mes y que se hacen todos los padres y madres”, aseveró la experta guatemalteca Claudia Paz.
Dijo que “no hay condiciones” para que sigan trabajando en México, pues la relación se enfrió con el Estado en este segundo mandato, y Cox afirmó que se van “con el peor” sabor de boca.
En la presentación se corroboró que la CIDH buscará un mecanismo para dar seguimiento al caso, un hecho celebrado por los padres, que en varios momentos de la larga conferencia aplaudieron al GIEI y les gritaron "¡No se vayan”, "¡No nos dejen solos!” y recordaron, una vez más, su lema: “Vivos se los llevaron, vimos los queremos”.
