Por su parte, el diputado Mauricio Espínola, titular de la citada comisión, indicó que presentará hoy un pedido de informe sobre el acuerdo a las instituciones correspondientes. Entre los expertos que participaron de la reunión, hubo reclamos a la falta de transparencia, aunque también reconocieron que el acuerdo es auspicioso. Sin embargo, subrayaron que si no se invierte en el sistema eléctrico, los recursos obtenidos en Itaipú poco habrán servido.
Por un lado, el ingeniero Pedro Ferreira, ex presidente de la ANDE, insistió en la transparencia como “rol fuertemente liderado desde el Parlamento y el Ejecutivo”. “La seguridad jurídica debe ser la meta de todas nuestras autoridades, nuestra energía va a generar empleo digno solo si le damos seguridad a los inversionistas”, señaló.
A su turno, el ingeniero Germán Escauriza subrayó la necesidad de contar con documentos oficiales, no solo del Anexo C. “La revisión del Anexo C es una cuestión de Estado, no del Poder Ejecutivo”, afirmó.
Más. Ferreira se preguntó también si se realizó una evaluación sobre el eventual perjuicio para la ANDE por el aumento de la tarifa de Itaipú, que pasó de USD 16,71 kW/mes a USD 19,28 kW/mes. Dijo que la ANDE contratará por USD 39 millones más en promedio durante tres años, y pagará otros USD 81 millones por la suba tarifaria “y no está previsto que se le devuelva”. “Brasil dice que se va a ahorrar USD 60 millones”, señaló.
Al mismo tiempo, destacó que el acuerdo divulgado reconoce los costos discrecionales que se dan en Itaipú. “Si no hay transparencia y si tenemos mucha corrupción nadie quiere venir a invertir en este país en creación de empleo”, reflexionó.
Por su parte, el ingeniero Juan José Encina señaló que el resultado en la binacional “es un buen acuerdo en el corto plazo, pero para saber los beneficios necesitamos tiempo”.
También el ingeniero Eduardo Viedma, ex consejero de la central hidroeléctrica, resaltó el acuerdo. “Paraguay está generando beneficios por encima del Anexo C, desde el año 2022, y con este acuerdo hasta el 2026”, expresó.
Finalmente, el diputado Raúl Benítez señaló que salió de la reunión con las mismas dudas, y que “sin transparencia no será posible lograr buenos resultados”.
Tras cuestionamientos del abogado Theodore Stimson, en relación con las firmas en el documento en el que se fija la nueva tarifa de Itaipú, lo que faltaba precisamente la rúbrica del canciller brasileño, Mauro Vieira, el vicecanciller Víctor Verdún dijo que “tenemos entendido de que ya está el documento con la firma”. Stimson aclaró que de carecer de la firma de Vieira, el documento no está perfeccionado y no obliga al Estado de Brasil, según la Convención de Viena. A su turno, Escauriza cuestionó que en la Cámara de Diputados no existe documento oficial sobre el acuerdo firmado. “La Constitución prohíbe las sociedades secretas. Entre Itaipú y Yacyretá tenemos 55 millones de MWh (...), está en USD 100 MWh, para poder dimensionar es un tema de USD 5.500 millones. Debe ser abordado con seriedad, transparencia”, alentó.