Édgar Medina | Ciudad del Este
Lo confirmó la misma magistrada, quien es juez penal de garantías y recibió el expediente por inhibiciones y recusaciones de otros Juzgados, entre ellos el de Sentencia.
La defensa de las médicas insiste en que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe estudiar un pedido de revisión de la sentencia basado en hechos nuevos y planteado ante la máxima instancia judicial, pero que no es atendida hasta el momento.
Con dicho pedido, la ministra Mirian Peña había enviado el expediente al Juzgado de Ejecución para el cumplimiento de la condena. La ex fiscal María Graciela Concepción Vera Colmán planteó un pedido de reposición, solicitando al Juzgado de Sentencia del Alto Paraná, a cargo de Lourdes Morínigo, que el expediente sea devuelto a la Corte.
La jueza fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por la médica Olga Cañete, bajo patrocinio de abogado, por ignorancia supina de las leyes y mal desempeño en sus funciones.
Luego, por sorteo, el expediente pasó al Juzgado Penal de Garantías N.º 5, a cargo de la jueza Cinthia Garcete. Esta se apartó del caso porque es el Juzgado de origen de la causa y hay un procesado que espera la realización de la audiencia preliminar, por lo que la causa pasó al Juzgado Penal de Garantías N.º 6, a cargo de Dólica Giménez.
La magistrada dictó la providencia para el hágase saber a las partes, pero antes que sean notificadas las partes ya fue recusada por la abogada Vera Colmán. El argumento fue la opinión del abogado Luis Giménez -supuestamente primo de la jueza- en la red social Facebook acerca del cumplimiento de la condena, lo que supuestamente influiría en la decisión de la magistrada.
En consecuencia, el expediente deberá pasar al Juzgado Penal de Garantías N.º 7, a cargo de Raúl Insaurralde. Este deberá determinar si impugna la recusación o atiende en la causa. Paralelamente, en forma periódica los miembros de la Asociación de Médicos del Alto Paraná realizan manifestaciones contra el Poder Judicial.
Desde este lunes, en contrapartida, aparecieron pasacalles alusivos a los médicos con la inscripción “Los Magistrados Judiciales Decimos No al Terrorismo Médico”, sobre la calle Acá Caraya, que pasa frente a la sede del Tribunal Penal de Ciudad del Este.
Las médicas Oviedo Caballero y Cañete Coronel fueron halladas culpables de homicidio culposo, por la muerte de Romelia de Páez, una paciente del Hospital de la Fundación Tesãi de la Itaipú Binacional, registrado en el año 2009.
Un Tribunal de Sentencia condenó a ambas a una pena privativa de libertad de 3 años y 6 meses, sin revocarles las medidas alternativas. Los jueces determinaron que hubo negligencia en el tratamiento médico que derivó en la muerte de la paciente.
La sentencia definitiva fue confirmada en segunda y tercera instancia. Ante la Corte fue presentado un recurso extraordinario de casación, pero no prosperó. Luego plantearon la revisión de la sentencia, que hasta la fecha tampoco consiguieron, según los antecedentes.
