Qué reformas se pueden esperar en el segundo tiempo del Gobierno de Santiago Peña, que arranca después de las municipales del 4 de octubre? La pregunta tiene sentido porque en los últimos meses se acumularon señales de problemas que no se resuelven solos; en las finanzas públicas, en la calidad educativa, en el sistema de salud y en el abastecimiento de energía. Todos ellos piden cambios de fondo. La experiencia paraguaya sugiere; sin embargo, que el margen para hacerlos antes de 2028 es estrecho.
En nuestro país, las reformas que imponen costos se aprobaron casi siempre al inicio de los gobiernos. Nicanor Duarte Frutos promulgó la reforma de la Caja Fiscal en diciembre de 2003, a cuatro meses de asumir y sin mayoría propia en el Congreso. Peña creó la DNIT, el MEF, reformó el servicio civil y creó la Superintendencia de Jubilaciones, entre otras, al inicio de su gestión. Sin embargo, cuando ya habían pasado más de dos años de gestión, envió la reforma de la Caja Fiscal al Congreso, el Senado, de mayoría colorada, bajó las edades de retiro y relajó otras medidas tras las movilizaciones docentes, y la ley promulgada quedó distante de la propuesta inicial del Ejecutivo y lejos de cerrar el agujero del sistema.
Hay varias razones para ese patrón, pero menciono una de ellas: Las reglas de juego. Como la Constitución prohíbe la reelección presidencial, a medida que se acerca la sucesión, los actores piensan en cómo reacomodarse para el futuro y se alinean menos con las reformas que pide el Poder Ejecutivo. Al inicio conviene acompañar a quien reparte cargos, obras y agenda, y hacia el final conviene asegurarse un lugar en el equipo que gobernará después. La disputa por la fórmula de Honor Colorado mostró en setiembre que ese reacomodo ya empezó, generando incertidumbres (y potencialmente parálisis) que no favorecen las expectativas de reformas. Además, con internas en 2027 y generales en 2028, pocos querrán pagar hoy el costo de medidas cuyos frutos cosechará otro gobierno. También hay que mencionar el voto preferencial de las listas desbloqueadas, que refuerza el juego contrario a cambios que pueden fortalecer la institucionalidad pero generar costos políticos, porque ningún legislador quiere quedar asociado a una medida impopular entre sus bases, arriesgando futuras chances electorales.
Estas dificultades afectan varios frentes. En lo que refiere al déficit fiscal, el Ministerio de Economía proyectó un rojo de 3,2% del PIB para este año y de 3,9% para 2027, más del doble del tope de 1,5% que fija la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuyo cumplimiento quedó para 2028. Del lado de los ingresos, la recaudación tributaria creció 2,4% en el primer semestre, cuando la proyección oficial esperaba 8,5%. Las salidas posibles al déficit son conocidas. Se puede gastar de manera más eficiente, recortar allí donde los recursos no rinden o recaudar más. El problema es que las tres salidas generan perdedores organizados y ninguna tiene a favor quien la reclame en las calles.
En salud los problemas son más visibles. Tras meses de reclamos de los proveedores, el Ministerio de Economía reconoció formalmente la deuda acumulada con el sector farmacéutico, a pesar del contexto de aumento de presupuestos para hospitales y medicamentos. El nuevo ministro, Isaías Fretes, prometió controles para que el problema del enorme endeudamiento vía compras no se repita, y Salud e IPS anunciaron un plan conjunto para coordinar hospitales y evitar duplicaciones. Aun así, el desafío de fondo es de capacidad institucional. Salud es un sector atravesado por múltiples intereses corporativos, desde proveedores hasta gremios profesionales, por lo que más dinero no alcanza si el Estado no logra ordenar la racionalidad de la gestión, y no está claro que vaya a ser posible hacerlo porque no existe una demanda movilizada que apunte a ello.
La educación es otro sector preocupante. Los resultados de PISA 2025 mostraron una caída de 21 puntos y, según reportes, 8 de cada 10 alumnos paraguayos no entienden lo que leen. El ministro Luis Ramírez atribuyó los resultados a la pandemia, al paso de la prueba en papel a la computadora y a un modelo de enseñanza que sigue privilegiando la memorización. El MEC anunció medidas inmediatas, como el fortalecimiento de los programas de lectura. En paralelo, los gremios docentes convocaron a una huelga nacional para reclamar reajustes en el presupuesto 2027. Como se ve, existe presión por cambios, pero apunta a salarios y no a mejorar los aprendizajes.
En energía la discusión es más reciente. En agosto, el Ejecutivo presentó los proyectos para crear un Ministerio de Minas y Energía y el primer ente regulador eléctrico independiente del país, con el argumento de ordenar un sector que enfrenta un posible déficit de potencia hacia 2030. Los gremios de la ANDE rechazaron ambas iniciativas: sostienen que la prioridad es resolver la situación financiera de la empresa y temen perder autonomía. Ante la amenaza de movilización, la conducción oficialista de Diputados se comprometió a no tratar los proyectos, y en septiembre la Cámara volvió a postergarlos.
Lo esperable para adelante es que el gobierno responda a quien presiona con aumentos y cargos, que flexibilice metas fiscales antes que ajustar el gasto, y que avance en cambios viables atendiendo al contexto electoral y al hecho de que, por diferentes razones, la escasa movilización social está concentrada en gremios que no empujan reformas más allá de lo que les afecta de forma inmediata.
Pero lo esperable no siempre es lo que sucede. Los tiempos electorales tensan las relaciones políticas, los problemas sociales tienden a aflorar, y después del 4 de octubre los equipos se van a reorganizar con la mirada puesta en 2027 y 2028. Las segundas mitades de mandato suelen dar sorpresas y hay que estar atentos. Una crisis inesperada puede cerrar puertas, pero también abrir ventanas de oportunidad, incluso cuando son poco visibles. Lo conveniente es que quienes quieren plantear reformas tengan los proyectos listos para ese momento.
- “A medida que se acerca la sucesión, los actores piensan en cómo reacomodarse y se alinean menos con las reformas que pide el Ejecutivo”.
