El abogado José Casañas Levi, ex fiscal de Delitos Económicos (1997-2001), considera que existen suficientes indicios que llevan a suponer una actividad de lavado de dinero vinculada al diputado cartista Erico Galeano como para que el Ministerio Público pueda formular imputación.
El legislador fue salpicado en el marco del operativo A Ultranza Py, que busca desbaratar una estructura de tráfico internacional de estupefacientes. Quedó pegado al esquema delictivo cuando durante un allanamiento a una lujosa propiedad en la exclusiva urbanización Aqua Village, de la ciudad de Altos, se encontró una boleta de la ANDE a su nombre.
Un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) llamó la atención sobre los múltiples millonarios préstamos que realizó Galeano de la Cooperativa Capiatá, los cuales, llamativamente, eran cancelados en breve tiempo.
A Casañas Levi le llama la atención la lentitud con la que actúa la Fiscalía en este caso, a pesar de los elementos que salieron al tapete. El Ministerio Público anunció recientemente la apertura de una investigación al parlamentario; sin embargo, aún no pidió su desafuero. El fiscal a cargo del caso es Juan Ledesma.
“Hay muchas cosas que me llaman la atención que los fiscales no estén haciendo, no hubo ningún allanamiento, ninguna intervención importante en sus empresas, hay muchas diligencias que no se hacen y el tiempo que transcurrió ya es bastante”, manifestó Casañas Levi en comunicación con ÚH.
Recién el 3 de marzo pasado la Cooperativa Capiatá reportó a la Seprelad sus operaciones con Galeano. La entidad detalló como última operación con el diputado un préstamo tipo hipotecario que le otorgó el 22 de febrero pasado de G. 10.000 millones a 24 meses de plazo.
En ediciones anteriores, ÚH publicó que el diputado obtuvo en total 17 créditos en 6 años del citado ente cooperativo, de donde extrajo más de G. 40.817 millones entre los años 2016 y 2022. Como ejemplo, solo en el año 2019, el legislador realizó siete préstamos. Uno de ellos por el monto de G. 1.000.611.000 que canceló en apenas 32 días.
“Creo que la información que se maneja en cuanto a los préstamos, los montos y la manera de devolución, aunque todavía no se sabe la manera de concesión, que es un tema igualmente importante, pero aún sin saber eso, estos movimientos muy importantes de dinero son indicios categóricamente, porque no se trata de una empresa, es una persona individual, lo cual ya es de hecho llamativo (…)”, expresó el ex agente fiscal.
A su criterio, la Fiscalía inclusive tiene motivos para formular imputación contra todos aquellos que intervinieron en la concesión de créditos al diputado.
“Acá hay incluso motivo suficiente para imputar a los que intervinieron en esa cadena de préstamos, porque Galeano es el que solicita, pero los que conceden; tuvo que haber intervenido un oficial de crédito, el oficial de riesgo tuvo que haber tenido información. Entonces, si no hicieron el reporte, ese es un indicio de participación, por lo menos de complicidad, si no es de coautoría”, señaló.
Otro indicador que lleva a la sospecha de un posible esquema de lavado de dinero tiene que ver con la propiedad allanada en la que se halló una factura de la ANDE a nombre del diputado.
Según su propio abogado, Erico Galeano recibió por la vivienda la suma de un millón de dólares, al contado, de parte de Hugo Manuel González Ramos, uno de los imputados en la investigación del operativo A Ultranza Py.
“Esta también es una operación llamativa, primero por el precio. Es muy poco probable que tenga ese valor, porque ese valor corresponde a lugares de capitales cosmopolitas (...)”, opinó Casañas Levi. “Por lo general, la gente cuando hace una operación de compraventa de inmuebles trata de poner un menor precio y que sea razonable, porque sobre eso se paga impuesto; entonces, en este caso es al revés, acá hay un precio sobrevaluado aparentemente. Por qué alguien pondría un valor mayor en una operación”, añadió el letrado.
Al respecto, especialistas sostienen que si existió algún intermediario para la venta de la propiedad, una inmobiliaria por ejemplo, esta debió reportar la operación por el volumen de la transacción a la Seprelad. Si se trató de una venta directa por escribanía, el escribano debió reportar la operación.
LLAMATIVO. Tras descubrirse que vendió una propiedad, que no declaró, a uno de los imputados por narcotráfico, entre otras propiedades y cuentas no declaradas, Galeano rectificó ante la Contraloría General de la República su declaración jurada de bienes y rentas.
Sin embargo, obvió en su nueva declaración el préstamo de G. 10.000 millones que realizó el mes pasado de la Cooperativa Capiatá, concretado un día antes de filtrarse el allanamiento que se iba a realizar a la propiedad que vendió por USD 1 millón en la ciudad de Altos.
Otro que cayó con el operativo A Ultranza Py es el ex diputado Juan Carlos Ozorio (ANR), quien renunció a su banca tras la filtración de audios que lo involucran con el crimen organizado. Fue imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal, y fue remitido a prisión. Era el presidente de la Cooperativa San Cristóbal, fiscalizada en estos momentos por el Incoop.