–Cuando asumió como ministro dijo que una de las formas de combatir la mora era transparentar las actuaciones. ¿Cumplió ese objetivo? ¿Disminuyó la mora?
–Estoy convencido de que transparentar las actuaciones de los magistrados y ministros de la Corte es una fórmula (no la única) para el combate a la morosidad. El día en que las partes del proceso y la ciudadanía tengan acceso en tiempo real de los actos procesales va a disminuir efectivamente la morosidad. Pero también debe ir acompañado de controles permanentes por parte de la Corte por una auditoria de gestión jurisdiccional para evitar que los casos se paralicen por desidia de los jueces.
–¿Y la transparencia?
–Cuando hablé de transparencia de las actuaciones me referí a los órganos colegiados, como la misma Corte, Tribunales de Apelación en que por desidia de un miembro los expedientes quedan paralizados, sin que los otros miembros puedan intervenir. Hoy se está pidiendo informes, pero también al día siguiente un grupo de auditores se van a constatar la veracidad de esos informes, previo sorteo público y aleatorio de juzgados de Paz, primera instancia y Tribunales de Apelación de todo el país. Mi intención es que no se use esta sala como dique de contención de los procesos como en el pasado. Se está consiguiendo, pero no en la medida que uno quiere. Siempre se puede hacer más.
–¿En qué consiste el proyecto para fusionar Registros Públicos con la Dirección de Catastro?
–Es la primera vez que dos poderes del Estado presentan un proyecto de Ley, en este caso para crear el Registro Unificado Nacional, que va a quedar a cargo del Poder Judicial, fusionando los Registros Públicos, Catastro y Geodesia. Buscando agilizar los trámites para la transferencia de los bienes y también dar seguridad jurídica a los propietarios. Es un proyecto ambicioso, pero que con el tiempo va a dar resultado para que se pueda invertir en el país.
–¿Por qué, según su postura, no corresponde la consulta constitucional?
–No corresponde que la Corte actúe como órgano de consulta porque cada magistrado debe resolver conforme a la Constitución y las leyes, no consultando a la Corte permanentemente. Para que vamos a tener jueces y cámaras si la Corte es la que le va a decir permanentemente esto es o no constitucional. Además, retarda los procesos excesivamente. Si bien es la Corte la que tiene que declarar la inconstitucionalidad de un acto normativo, también los magistrados pueden hacer una interpretación que no significa que deba declarar su inconstitucionalidad.
–La apelación del auto de apertura a juicio tiene opinión dividida en la Corte. ¿Por qué es apelable?
–La Sala no tiene una opinión dividida. Los tres miembros decimos que las resoluciones de las cámaras de apelaciones son nulas si no atienden los incidentes, excepciones y otras cuestiones planteadas por las partes en la audiencia preliminar y objeto de recursos por las partes, porque violaría el doble conforme. El auto de apertura a juicio es la piedra angular en el proceso penal sobre el cual se construye el juicio oral. La no inclusión de medios de pruebas o exclusiones de medios probatorios u otras excepciones por el juez de garantías en dicha resolución ya es imposible que pueda suplir el Tribunal de Sentencia, porque no tiene competencia para revisar una resolución dictada por un juez de igual clase y jurisdicción, solo puede hacerlo el Tribunal de Apelación que actúa como revisor.
–¿El doble conforme?
–Por eso es importante el doble conforme para que la causa llegue al juicio sin ningún vicio o irregularidades procesales. El Tribunal de Sentencia solo tiene posibilidad de entender las excepciones que se funden en hechos nuevos o recusaciones como incidentes previos antes de la lectura del auto de apertura.
–Según dijo en el pleno, los jueces del mismo rango no pueden anular sus fallos entre sí. ¿No cree en el principio de control horizontal?
–Los jueces de sentencias tienen la misma jerarquía que los jueces de garantías, por lo tanto, no pueden suplir a un Tribunal de Apelación. Sí puede existir el control horizontal en caso de una flagrante violación del proceso que no pueda ser subsanada de otro modo, como en el caso de que la causa se eleve a juicio sin que el acusado haya sido llamado a declarar por la Fiscalía antes de la acusación.
–Ya hubo un urgimiento en el caso de Kattya González ¿Existe presión política en la Corte para que su acción sea rechazada?
–El caso de Kattya (González) es la demostración de que la Sala Constitucional tiene otro manejo. Se hizo un sorteo público de quién haría la preopinión para la admisibilidad. Se corrió traslado a las partes en tiempo y forma. Se comunicó que se ampliaría la Sala. Se está en pleno proceso de integración. Una vez que se termine esta parte se volvería a hacer un sorteo público para conocer el ministro preopinante y el orden de votación. Es probable que también se haga una audiencia pública para resolver la cuestión. Lo que pasa es que la Justicia no tiene la misma dinámica que la política. Por eso existe una impaciencia para conocer el resultado. No creo que ministros de la Corte que ya tienen un largo camino recorrido como abogados o magistrados se presten a presiones políticas.
–Hace poco el pleno resolvió acciones del 2006. ¿Cree que el caso de Kattya González se resolverá en tiempo o será dilatado por años?
–Existe la voluntad de resolver este caso de Kattya en la brevedad posible. Así se está actuando. Por eso se está tramitando conforme con el Código Procesal Civil. La gran diferencia de la gestión de esta Sala con la anterior es que se tiene trazabilidad de los casos por medio del sorteo público realizado cada 15 días, a fin de que las partes conozcan los ministros preopinantes.
–¿Y los otros casos?
–Paralelamente, se está acelerando la resolución de los casos planteados anteriormente. Otra de las diferencias es que la Sala Constitucional no está solicitando los originales de los expedientes a fin de evitar paralizar los procesos como ocurría anteriormente. Creo que en dos o tres años se percibiría la diferencia. Tampoco ya existe la oficina de admisibilidad del que se quejaban los abogados litigantes. Cada ministro elabora el proyecto de admisión o rechazo y no una oficina de funcionarios.
