El celo demostrado por mucha gente en la defensa de la lengua madre es un hecho positivo. Junto al idioma español, el guaraní es una de las dos lenguas oficiales del Paraguay reconocidas por la actual Constitución. Además, es considerado como uno de los idiomas de trabajo por los países del Mercosur. Intentar prohibir que las personas lo hablen es una actitud claramente inconstitucional.
El artículo 140 de la Carta Magna establece: “El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las modalidades de utilización de uno y otro. Las lenguas indígenas, así como las de otras minorías, forman parte del patrimonio cultural de la nación”. Además, desde el 2010 está vigente la Ley de Lenguas, Nº 425, que establece mayores garantías para el libre uso de las lenguas oficiales, como de las demás lenguas indígenas.
Desde este punto de vista, la actitud de la empresaria inmigrante con respecto a sus trabajadores, muchos de ellos posiblemente campesinos principalmente guaraní-hablantes, resulta no solamente atentatoria a un derecho fundamental, sino que se extiende además a otras situaciones más graves que lesionan las leyes laborales, al amenazar que si insisten en seguir hablando de guaraní serían despedidos para que puedan buscar a “un patrón paraguayo que hable en guaraní”.
Es comprensible que una empleadora de origen extranjero pida a sus trabajadores que, ante su incapacidad de comprender el idioma en que se están expresando, en su presencia hablen en un idioma que ella pueda entender, pero no puede imponer tal condición y mucho menos prohibir que en su establecimiento se hable una lengua oficial del país, como si su propiedad fuera un Estado dentro de otro Estado.
Por otra parte, la defensa de una lengua materna de origen indígena, como signo de identidad cultural del pueblo paraguayo, es un hecho positivo, siempre que no quede en posturas populistas de nacionalismo, ni derive en actitudes de xenofobia, de odio hacia lo extranjero, cayendo en injustas generalizaciones, ni aludiendo a hechos injustos del pasado, como la Guerra de la Triple Alianza, sobre los cuales no tienen responsabilidad las actuales generaciones.
En este caso, resulta igualmente grave y debe merecer similar repudio que no se respeten los derechos laborales, por no existir un buen control de parte de las autoridades. Es de esperar que otros graves hechos, como la vigencia de la corrupción y de la impunidad, generen también similares expresiones de indignación ciudadana.
