Los escandalosos casos de corrupción que implican millonarios desfalcos de fondos públicos, como los dados en el Instituto de Previsión Social (IPS) y administraciones comunales, han provocado una ola de indignación ciudadana que exige una respuesta rápida y eficaz de la Justicia.
En este plano, la abogada penalista y líder de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) y el frente Somos Anticorrupción Paraguay, Esther Roa, expresó a ÚH que su lectura del panorama de la Justicia paraguaya es que no existe una respuesta institucional suficiente frente a la corrupción pública. “Hoy la Fiscalía Anticorrupción no tiene capacidad para investigar todos los hechos de corrupción que se producen en el país. Con una estructura limitada, pocos fiscales especializados, sin infraestructura suficiente, sin tecnología, sin peritos, recursos humanos ni capacitación acorde a la complejidad de estos delitos, es imposible pretender una lucha efectiva contra la corrupción política”, expresó.
Señaló que en Paraguay no existe una verdadera política de Estado para combatir la corrupción y la impunidad, y consideró que los tres poderes del Estado están ausentes en esta lucha.
“Muchas denuncias ni siquiera llegan a una investigación efectiva y cuando existe una imputación, muchas veces se produce después de que el caso adquiere una fuerte exposición pública. El caso del IPS es un ejemplo: Hubo una reacción del Ministerio Público, pero cabe preguntarnos cuánto daño se produjo antes de esa reacción y cuánto dinero de los aportantes pudo haberse perdido”, subrayó.
Agregó que una imputación no garantiza que el proceso llegue a una condena.
“Tenemos causas complejas que terminan paralizadas durante años y, en un porcentaje importante, culminan por extinción o prescripción. Y cuando una causa de corrupción prescribe, no podemos simplemente aceptar la prescripción como un hecho natural: Debemos preguntarnos por qué prescribió y quién permitió que eso ocurriera”, dijo. Cuestionó que la Fiscalía a veces no realiza oportunamente los urgimientos procesales, la mora judicial, las demoras en la integración de tribunales de apelación o salas, y los planteamientos dilatorios de las defensas.
Instó a que la Corte Suprema transparente las auditorías de gestión de causas que prescriben y las acciones correctivas al respecto. “Esto es fundamental porque, si una causa de corrupción termina prescribiendo y nadie responde por las circunstancias que llevaron a esa prescripción, el mensaje que recibe la sociedad es que la impunidad no tiene costo”, expresó. Detalló que desde las organizaciones ciudadanas donde está vienen monitoreando los procesos de corrupción pública. “Por ejemplo, el caso de Óscar Venancio Núñez, donde estamos próximos a cumplir tres años esperando la resolución de un recurso de apelación especial relacionado con la condena de primera instancia, que debió resolverse en 15 días. Sin embargo, vemos otros casos, como los de Hugo Javier o Erico Galeano, que han tenido avances dentro de los plazos”, indicó.
Dijo que la corrupción y la impunidad no distinguen colores partidarios. “Lo preocupante es que, independientemente del partido al que pertenezca el procesado, vemos casos que avanzan y otros que permanecen paralizados durante años, favoreciendo finalmente la prescripción o la extinción”, reclamó.
