El fallo fue unánime con respecto a la pena, no así en cuanto a la calificación. Los jueces Laura Ocampo y Fabián Weinsensee votaron por lesión de confianza, mientras que Juan Carlos Zárate votó por la lesión de confianza agravada.
Además, Carlos Alberto Centurión, ex director administrativo; María Araceli Cotillo, de la Unidad Operativa de Contrataciones; Gloria Arroyo Vázquez, nutricionista; y Laura Gamarra de Doldán, ex directora de Planificación, fueron condenados a dos años y seis meses de encierro.
Asimismo, el Tribunal dispuso remitir a la Superintendencia de la Corte los antecedentes del abogado Luis Giménez Castellani, por sus dichos durante la réplica de ayer, para que sea investigado por supuesta coacción a órganos constitucionales.
EL FALLO. La jueza Laura Ocampo explicó el fallo tras leerse la parte resolutiva, donde se aplicaban las condenas. Dijo que no se había hecho la advertencia al imputado por el eventual cambio de calificación, para ampliar el cargo a lesión de confianza agravada, cuya pena va hasta 10 años.
En sus alegatos, el fiscal Rodrigo Estigarribia había requerido para el ex ministro la pena de siete años y 10 meses, con la calificación agravada, pero solo le dieron cuatro años.
Un punto resaltado por el fiscal es que el Tribunal ordenó notificar a la Procuraduría General de la República para que pueda requerir la reparación del daño patrimonial.
Según los jueces, se probó la existencia de la lesión de confianza atribuida a los acusados ocurrida el 12 diciembre 2012, a través del llamado por la modalidad por subasta plurianual de los años 2013 y 2014, para la adquisición de alimentos.
Según la jueza, el ministro tenía la obligación de cuidar el patrimonio estatal y no lo hizo, por lo que existió el daño patrimonial, ya que los niños no tuvieron el alimento que debían. Conforme el fiscal, hubo tres momentos, en los que hubo compras menores a las abonadas, y hubo sobrefacturación.
