29 mar. 2024

Ex fiscal general Díaz Verón y esposa, a juicio por enriquecimiento y lavado

El juez Julián López admitió la acusación del Ministerio Público contra el ex titular de la institución. Hizo lugar a la prescripción parcial del lavado de dinero y excluyó un informe sobre el ganado.

Preliminar. El magistrado Julián López escucha a las partes durante la audiencia de ayer.

Preliminar. El magistrado Julián López escucha a las partes durante la audiencia de ayer.

El juez de Garantías Julián López elevó ayer a juicio oral el caso contra el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La preliminar culminó ayer ante el magistrado López, donde la Fiscalía se ratificó de su acusación contra el matrimonio por los citados hechos punibles.

El juez también admitió dos incidentes planteados por la defensa. Uno por la prescripción parcial de los hechos desde el 2008 al 2013 del lavado de dinero contra María Selva Morínigo y la exclusión de un informe técnico.

Rechazó la nulidad de la acusación fiscal, de la pericia contable y el sobreseimiento definitivo, planteados también por los representantes de los dos acusados.

Según la acusación, Díaz Verón tuvo un ingreso no justificado por la suma de G. 10.495.174.320, mientras que en el caso de Morínigo, también se habla del mismo monto señalado como presunto lavado de dinero.

PRELIMINAR. En la audiencia, ayer, los fiscales Natalia Silva y Osmar Legal respondieron los incidentes presentados por la defensa.

Pidieron el rechazo de los incidentes de nulidad de la acusación, de nulidad de la pericia contable, de prescripción parcial de los hechos de lavado de dinero, de exclusión de un informe técnico y del sobreseimiento definitivo.

La defensa –encabezada por el abogado Mario Elizeche– solicitó anular la acusación porque la imputación hablaba de un supuesto enriquecimiento ilícito por la suma de G. 1.147.058.591, mientras que en la acusación se habló de G. 10.495.174.320, diez veces más. Así, no fueron indagados sobre esos montos. El juez rechazó la nulidad solicitada.

Sobre la prescripción, la defensa dijo que el delito de lavado de dinero tiene pena de cinco años, mientras que se investigó del 2008 al 2018, un periodo de 10 años. Con ello, pidió limitar el plazo desde febrero del 2013 al 2018, y excluir lo demás. Esto, fue admitido por el juez López.

Sobre la pericia contable, el magistrado entendió que la defensa tuvo participación en la misma, por lo que rechazó anular la prueba.

Pero admitió la exclusión del informe técnico del veterinario Gregorio Presentado Prantte, ya que entiende que dio su opinión técnica. Afirma que esto debía ser a través de una pericia, y no de un informe, para que la defensa tuviera posibilidad de presentar también un perito sobre el tema.

Con respecto al sobreseimiento definitivo, la defensa sostuvo que el matrimonio tenía separación de bienes, por lo que no existió el hecho punible. Esto fue rechazado por el juez, porque debía ser tratado en un juicio oral.

Tanto el ex fiscal general como su esposa deberán ir a juicio oral por los citados hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, ante el Tribunal de Delitos Económicos.

Investigación que se inició en 2017
Las investigaciones contra el ex fiscal general Javier Díaz Verón y su esposa iniciaron a finales del 2017 y principios del 2018. A raíz del proceso, Díaz Verón primero estuvo preso en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, luego fue trasladado a la Prisión Militar de Viñas Cué y finalmente logró ser beneficiado con arresto domiciliario. Su esposa estuvo en la cárcel del Buen Pastor, pero también consiguió la misma medida de arresto.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.