Recordemos que el sistema democrático se basa en la división del poder en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que deberían funcionar en forma independiente pero coordinada, en un esquema de pesos y contrapesos.
Las noticias que esta semana nos llegaron desde el Perú nos han demostrado que así no funciona la democracia en ese país, porque desde las elecciones del 2016 donde el fujimorismo perdió las elecciones presidenciales ante Pedro Pablo Kuczynski pero ganó ampliamente las elecciones legislativas obteniendo una mayoría absoluta de 73 escaños sobre un total de 130, el enfrentamiento entre los diferentes poderes del Estado es a muerte... la líder del fujimorismo Keiko Fujimori se encuentra presa por corrupción y el presidente Kuczynski ha sido destituido.
Este enfrentamiento feroz entre los diferentes sectores políticos es la constante en casi todos los países de la región y el Paraguay no es una excepción.
Desde las elecciones del año 2018 –donde al igual que en el Perú– el cartismo perdió en las elecciones presidenciales pero pudo meter un importante y disciplinado bloque de parlamentarios en el Congreso, el combate entre ambos sectores del coloradismo es cada vez más virulento.
El primer gran enfrentamiento ocurrió con la negativa de Añetete al juramento de Cartes como Senador activo; y el segundo, y más importante, estalló en el mes de agosto cuando una mayoría constituida por el cartismo, el llanismo y el Frente Guasu estuvo muy cerca de destituir al presidente Abdo Benítez.
El presidente sobrevivió a ese intento de destitución pero su poder ha quedado muy debilitado y es impresionante ver cómo todos los días, los principales referentes económicos del cartismo y sus medios de comunicación, dinamitan a la ya alicaída imagen presidencial.
Estos enfrentamientos políticos en el medio de graves problemas económicos, sociales y ambientales, han llevado a que un amplio sector de la sociedad se encuentre cada vez más decepcionada con la calidad y la forma en que funciona nuestra democracia.
La última encuesta realizada por Latinobarómetro en 18 países de la región, nos demuestra con claridad la enorme frustración de gran parte de la ciudadanía de América Latina con su democracia, donde en promedio, el 52 por ciento no la apoya, siendo el Paraguay con el 60 por ciento, el país con el mayor nivel de decepción con su sistema democrático.
Las noticias de la semana de que el Congreso estaría apoyando un aumento salarial a los empleados públicos que consumiría el 100 por ciento de los ingresos fiscales, en el medio de una economía en recesión, ha sido una nueva bofetada para todos.
Recordemos que en la Edad Media gobernaban el Rey, la Nobleza y el Clero, que vivían fastuosamente en sus Palacios y Monasterios, mientras que el pueblo vivía en medio de la miseria, el hambre, las pestes y la opresión.
El derrocamiento de este régimen comenzó con la toma de la Bastilla y culminó con la decapitación del rey y la reina.
En democracia la clase gobernante –el rey y la reina– son los políticos y los funcionarios públicos, que hoy no corren el riesgo de ser derrocados por un golpe o decapitados, pero nos hacen correr a todos el riesgo de que ese descontento creciente, sea una chispa que se convierta en un gran incendio que termine devorando a nuestra democracia.
Si nuestra clase política no cambia su comportamiento actual: Mejorando los servicios públicos, reduciendo los gastos corrientes del Estado y aumentando la inversión social y en infraestructura, el gran incendio será una realidad.
Ojalá nuestros políticos siempre tengan presente la frase de ese líder de la democracia que fue John F. Kennedy: “Los que hacen imposible una evolución pacífica, harán inevitable una revolución violenta”.
