Así lo manifestó Almagro, en el marco de la sesión del Consejo Permanente del organismo internacional, donde quince naciones pidieron “urgentemente” elecciones en el país andino.
“La sangre en las manos es de aquellos que cometieron el fraude electoral. La OEA no dio un golpe de Estado. Dieron un golpe de Estado quienes se robaron la elección declarando la victoria en primera vuelta”, dijo Almagro en el marco de la sesión de la OEA sobre Bolivia, siendo la declaración más dura sobre la crisis que atraviesa ese país.
URGENTE. Quince países de la OEA pidieron ayer la realización de nuevas elecciones “lo más pronto posible” en Bolivia, sacudida por la renuncia del presidente Evo Morales luego de tres semanas de violentas protestas por cuestionados comicios.
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela (representada por un delegado del líder opositor, Juan Guaidó) hicieron el llamado en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington.
En una declaración, las naciones instaron a que la definición de la Presidencia provisional en Bolivia se efectúe “urgentemente” según la Constitución y las leyes bolivianas.
Urgieron a que “se dé inicio al proceso de convocatoria a elecciones lo más pronto posible, con garantías expresas de que el proceso electoral sea desarrollado con justicia, libertad, transparencia y respeto a la voluntad soberana del pueblo boliviano”.
La auditoría electoral de la OEA sobre los comicios del 20 de octubre, realizada en acuerdo con el gobierno de Morales, describe “irregularidades” que ameritan una nueva votación, según el resumen presentado al Consejo Permanente por el director de la misión de observación electoral de la OEA, Gerardo de Icaza.
“El equipo de auditores sigue en este momento recibiendo y procesando gran cantidad de información y pruebas que confirman los hallazgos del informe preliminar“, dijo De Icaza. Los quince países piden que el nuevo proceso electoral tenta nuevas autoridades electorales y observadores internacionales, “para generar credibilidad en el proceso de transición democrática”.