La vinculación entre sectores militares y el narcotráfico no resulta nuevo en el Paraguay. Durante la larga dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989) surgieron varias denuncias que involucraban al propio dictador gobernante, como a varios miembros de su entorno.
Uno de los casos más sonados fue el de Lucien Darguelles o Joseph Auguste Ricord, jefe de la Conexión Latina, un desprendimiento de la Conexión Francesa, que desde Francia se dedicaba al tráfico de heroína a Estados Unidos. De acuerdo con varias investigaciones, se refugió en el Paraguay, donde gozó de la protección de los generales Andrés Rodríguez y Patricio Colmán, y del ministro Sabino Augusto Montanaro, entre otros poderosos del régimen stronista.
Un informe respecto al caso, contenido en un libro publicado por la revista internacional Selecciones del Reade’rs Digest en 1973, fue censurado y prohibido de circular en Paraguay.
Tras la caída de la dictadura, numerosos otros casos, como el asesinato nunca resuelto del general Ramón Rosa Rodríguez, jefe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en octubre de 1994, siguieron señalando la participación de jefes militares en el narcotráfico.
Por ello no resulta sorprendente que un reciente operativo de la Senad y del Ministerio Público haya puesto de resalto, en estos días, que un cuartel militar en Gabino Mendoza, en Alto Paraguay, Chaco paraguayo, era utilizado como base de operaciones para enviar a Bolivia cargamentos de productos químicos utilizados en el procesamiento de la cocaína, y que en la actividad ilícita estaban involucrados los efectivos militares paraguayos, junto con traficantes de nacionalidad boliviana.
El procedimiento se realizó el pasado 2 de agosto. En la oportunidad, pudieron sorprender a los militares Alberto Ramón Martínez y Alcides Ramos Hermosa, quienes facilitaron que un camión de gran porte que transportaba cinco tambores con 200 litros de ácido clorhídrico, cada uno, ingresen al cuartel militar, donde se iba a proceder a reubicar mejor el cargamento, para dirigirlo a Bolivia.
Cabe aplaudir el procedimiento realizado, que permitió desbaratar una de las bases de operación del narcotráfico en la región, pero por otra parte hay que admitir que esta situación era suficientemente conocida, ya que desde hace años se viene denunciando que muchos establecimientos militares en el Chaco, principalmente en zonas fronterizas, que deben cumplir la función de defender la soberanía territorial, sin embargo son utilizados para el tráfico ilícito, no solamente de drogas, sino también de armas y otros productos de contrabando, con la aparente venia de altos miembros de la cúpula castrense.
Es de esperar que esta reciente acción de la Senad y de la Fiscalía sea un punto de partida para evitar que más cuarteles militares sean bases para el narcotráfico. Hay que poner freno a la infame actividad criminal que amenaza a la misma institucionalidad democrática.
El dinero del crimen organizado continúa financiando a muchos políticos paraguayos, sosteniendo de esta manera toda una red ilícita que causa muchas muertes, dolor y luto en familias compatriotas.