A pesar del éxito de la economía paraguaya durante las últimas dos décadas, no hemos logrado dejar los últimos lugares entre los países latinoamericanos en ningún indicador de desarrollo. El desafío es lograr que el Estado cumpla con su rol garante de derechos e impulsor del desarrollo y, para eso, se necesitan políticas que funcionen bien como mínimo en términos de eficiencia, eficacia y equidad.
Esto significa que los procesos deberían ser capaces de generar los efectos deseados (eficacia), con la menor cantidad de recursos posibles (eficiencia) y contribuir a la reducción de las desigualdades o al menos no generar situaciones injustas (equidad).
Diversos documentos internacionales les vienen recomendando a autoridades políticas y a la alta gerencia pública la implementación de evaluaciones que permitan valorar la forma en que se están invirtiendo los recursos públicos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó en 2018 un exhaustivo estudio sobre la gobernanza pública. Con referencia al gasto público, con base en el Principio 8 de gobernanza presupuestaria de la OCDE “Hacer que los resultados, la evaluación y la relación entre coste y prestación sean una parte integrante del proceso presupuestario”, recomiendan evaluar los programas de gasto. Esta evaluación debe enfocarse en la alineación de estos recursos con los objetivos fiscales, las prioridades y necesidades nacionales.
A pesar de la relevancia de esta fase tan importante del ciclo de las políticas públicas es escasamente valorada en el sector público, por lo tanto, hace poco esfuerzo en la materia. Paraguay casi no tiene evaluaciones de las políticas ni programas y muchas veces el diseño de estos nace de ideas, preconceptos y juicios errados, lo que hace que desde el inicio ya empiecen con problemas.
Los recursos públicos han venido incrementándose paulatinamente en las últimas dos décadas, y a pesar de ello, en la mayoría de los ámbitos —obras, salud, educación, seguridad, agua—, la ciudadanía percibe retrocesos, muchos de los cuales se confirman con los datos estadísticos oficiales.
Un ejemplo claro es el del transporte público, cuyo principal instrumento, el subsidio, no cuenta con evaluaciones de proceso, de resultados, de eficiencia o de la calidad del servicio. Las transferencias públicas hacia los prestadores de servicios han ido aumentando sin que los usuarios verifiquen mejoras en los servicios ni se justifique con evidencia empírica. Los prestadores de servicios además están en la mirada pública, ya que las fiscalizaciones suelen encontrar incumplimiento de las normas laborales y recientemente también hay sospechas con respecto a las normas tributarias.
Las evaluaciones permiten conocer el desempeño de los programas e intervenciones públicas. A partir de los hallazgos es posible implementar las reformas que sean necesarias para mejorar la gestión y el uso de los recursos públicos.
Sin esta información las políticas no mejorarán, los gobiernos seguirán gastando y la población continuará recibiendo servicios públicos de baja calidad. Al esfuerzo que realiza la ciudadanía al pagar sus impuestos se agrega el malestar social, creándose una situación peligrosa para la economía y la democracia. Es fundamental para la economía y la convivencia pacífica mejorar las políticas a través de buenas evaluaciones.