Miembros de la Coordinadora Estudiantil Universitaria de la UNA (Ceuna) y la Plataforma Universitaria Feminista (PUF) presentaron ayer ante el Congreso Nacional una nota dirigida al presidente Óscar Salomón, en la que solicitan que los legisladores realicen un seguimiento exhaustivo del caso de los estudiantes procesados por el incendio de Colorado Róga, a través de sus representantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
También requieren que el Congreso recurra a sus facultades para solicitar informes, de modo que se pueda conocer en detalle el estado del caso y “poner en discusión la avanzada de la criminalización de la protesta social”. Además, piden que el Legislativo se pronuncie al respecto.
Al mismo tiempo, denunciaron el recrudecimiento de la protesta social y que muestra de ello es la causal penal abierta contra la estudiante Vivian Genes y otros, que fueron imputados por la quema del local de la Asociación Nacional Republicana (ANR), en marzo pasado.
Subrayan que todo el aparato judicial fue utilizado para imputar a los cinco jóvenes de una manera llamativamente apresurada, sin respetar los derechos y garantías de las personas. Señalan que fueron privados de su libertad y expuestos como delincuentes.
La Fiscalía presentó la acusación y pidió que el caso sea elevado a juicio oral. Los estudiantes advierten que el juez Raúl Florentín aceptará el pedido este lunes, en la audiencia preliminar.
Los agentes Lorenzo Lezcano y Estefanía González formularon acusación en contra de Arnaldo Martínez, Luis Trinidad, Pedro Areco, Enrique Agüero y Vivian Genes, por producción de riesgos comunes, perturbación a la paz pública, daño a cosas de interés común, daños a obras construidas o medios técnicos de trabajo.