El anteproyecto le da una estructura moderna a la normativa, con definiciones, listas de sustancias y medicamentos controlados, autorización de la tenencia de estupefacientes y hasta un registro de consumidores.
Hay que tener en cuenta que, según las cifras oficiales, solo en la capital y el área Central, se tienen unas 90 mil personas en estado de adicción, lo que hace que la normativa cobre importancia.
Es así, que el documento tiene un tratamiento diferenciado para las personas vulnerables, los adictos y las mujeres que son víctimas de la Ley 5.777, de protección a las mujeres víctimas de violencia. El proyecto habla de la Secretaría Nacional Antidrogas, sus deberes y atribuciones para ejecutar la política nacional antidrogas, liderar y coordinar acciones en este tema.
Enfatiza también el Consejo Nacional de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación del uso indebido de Estupefacientes y sustancias sicotrópicas que, entre otras cosas, ejecutará programas de prevención, en todos los niveles.
El proyecto da potestad a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y la Senad, para inscribir, fiscalizar y controlar a las personas físicas y jurídicas que comercialicen medicamentos y sustancias controladas.
Además, también les da potestad administrativa para sumariar y multar las faltas administrativas que divide en leves, graves y muy graves.
REDUCE PENAS. Sobre los hechos punibles, lo resaltante del proyecto es la reducción de penas, lo que permitirá que en el caso de los adictos y hechos de poca monta puedan ser objeto de salidas alternativas o procedimientos abreviados.
Así, pena el consumo peligroso de estupefacientes, en la vía pública, en instituciones públicas y privadas, centros educativos, entre otros. En los casos de dopping, por ejemplo, reduce las penas a multas. Las sanciones más altas se centran en el tráfico de drogas, y en el crimen organizado.
Lo que llama la atención es que tiene en cuenta a las mujeres en situación de vulnerabilidad, cuando cometa los hechos punibles por encontrarse en situaciones de violencia, con lo que la máxima pena a ser aplicada es 5 años de encierro.
Además, también tiene la delación premiada, donde reduce las penas para las personas que colaboran con la investigación penal.
Igualmente, contempla las operaciones encubiertas, las entregas vigiladas, la forma en que se realizará. Respecto a agentes, se tiene a los agentes especiales, los encubiertos, los reveladores (nuevo tipo) y los informantes. Además, todo un capítulo para la reserva de los datos para proteger a los mismos.
Como nueva figura, está utilizar civiles con identidad encubierta. También la forma en que se introducen al proceso las pruebas obtenidas.
