14 may. 2024

Estado y cannabis: Una relación que avanza con contradicciones

Productor. Paraguay es  el mayor productor de marihuana de América del Sur. Tras la presión de activistas, el Estado reconoció al cannabis como medicina en 2016.

Productor. Paraguay es el mayor productor de marihuana de América del Sur. Tras la presión de activistas, el Estado reconoció al cannabis como medicina en 2016.

24 horas después de que el Poder Ejecutivo emitiera un decreto impulsando el cultivo del cáñamo con fines industriales, un Tribunal de Sentencia condenó a cinco años de cárcel a un hombre que producía aceite de marihuana con fines medicinales, el pasado martes. El Gobierno reconoce al cannabis como medicina desde 2016; sin embargo, hoy en día cientos de familias se exponen a la misma pena carcelaria por utilizar el aceite sin autorización para tratar enfermedades como la epilepsia refractaria y el cáncer. Con distintos proyectos en puerta y entuertos legales por resolver, la relación entre el Estado y esta planta avanza lentamente y con contradicciones en el camino.

Los jueces que condenaron a Édgar Martínez Saccoman argumentaron que como la marihuana es una sustancia prohibida por la ley y él no tenía ninguna autorización para su tenencia, no importan que haya tenido o no fines medicinales. “Para nosotros es decepcionante la actitud que tomaron en el caso de Édgar. No sé si es para tener como un precedente para amedrentar a los que queremos acceder al aceite a través del autocultivo, finalmente lo que hacemos es ejercer nuestro derecho a la salud”, afirmó Cynthia Farina, presidenta de la organización Mamá Cultiva Paraguay, que promueve el uso del cannabis medicinal y hoy aglutina a más de 300 familias.

“Elaborar nosotros mismos el aceite es la forma más eficaz y a bajo costo que tenemos. Comprar el aceite de las farmacéuticas o importar sigue siendo caro, totalmente. De hecho que nosotros no tenemos como opción eso. No está dentro de nuestras posibilidades ni objetivos acceder al aceite de esa manera. Nosotros nos seguimos exponiendo, porque para la ley nosotros seguimos siendo criminales, por más que el cannabis ya desde hace tres años sea reconocido como medicina con la primera importación”, añadió.

Por su parte, Ruth Sanabria, de Quiero Ser Legal, una organización que se define como “procannábica”, aseguró que si bien el consumo recreativo no es ilegal –la ley antidrogas permite la tenencia de hasta diez gramos de marihuana– existen vacíos legales que juegan en contra del consumidor.

Al respecto, señaló que la misma ley permite portar marihuana pero solo habla de cultivo para referirse al tráfico, no al consumo.

Asimismo, advirtió que la diferenciación entre el consumo medicinal y el recreativo puede ser engañosa. “Si estás consumiendo cannabis para aliviar el estrés, el insomnio y te ayuda anímicamente, entonces también es medicinal”, reflexionó.

EN MARCHA. El actual Gobierno puso en marcha dos proyectos referentes al cannabis: El lunes el presidente Mario Abdo Benítez firmó el decreto reglamentario para la producción controlada de cáñamo con fines industriales desde el próximo año. Esta variedad del cannabis tiene un nivel de tetrahidrocannabinol (THC) de 0,5%, por lo cual no tiene efectos psicoactivos. Según el Ministerio de Salud, estos cultivos no podrán ser usados para medicina.

Por otro lado, el Ministerio de Salud abrió el mercado para cannabis medicinal y las empresas interesadas en producirlo tienen tiempo hasta el 31 de octubre para presentar sus pedidos de licencia.

“La licencia es para la producción, almacenamiento, industrialización y comercialización, es toda la cadena. Se otorgarán hasta cinco licencias”, explicó Walter Insfrán, director de Gabinete del Ministerio de Salud.

Hasta ahora, ninguna empresa hizo el pedido de licencia, aunque cuatro hicieron los trámites ante la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) para obtener el protocolo de seguridad requerido por el Ministerio. Con la licencia, las empresas podrán producir cualquiera de los derivados del cannabis y el 2 por ciento de la producción será entregado al Estado para su distribución gratuita a pacientes que lo necesiten. Además, las empresas tienen que aportar conocimiento científico.

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