Es que el Estado Paraguayo está obligado a pagar en el plazo de un año la suma de 303.000 dólares al ex agente fiscal, como indemnización por daño material, inmaterial, gastos y costos del juicio.
A esto se suma el monto de USD 5.269,12, que es el reintegro de las erogaciones que incurrió el Fondo de la Asistencia Legal a Víctimas. Con ello, el desembolso será de USD 308.629,12.
Sin embargo, a criterio de Nissen, este pago deberían pagarlo los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que firmaron el fallo de su destitución, y los ministros de la Corte que rechazaron su acción de inconstitucionalidad.
Es más, Nissen analiza la posibilidad de plantear una denuncia penal contra los mismos por prevaricato.
Explicó que aún debe ver la argumentación, ya que la sentencia de la Corte IDH determinó que hubo violación de derechos humanos, con los que catalogó los hechos de imprescriptibles.
LOS FALLOS. El 7 de abril del 2003, por sentencia N° 02/03, el Jurado de Enjuiciamiento dispuso la destitución del ex fiscal. Firmaron el fallo Marcelino Gauto Bejarano, Luis Caballero Krauer, Estaban Samaniego Alemán, Francisco José De Vargas, Luis Mendoza Correa y el ministro Antonio Fretes.
Incluso, Caballero Krauer, uno de los firmantes, había sido imputado por el mismo fiscal Nissen, pero no se inhibió de la causa. La resolución del JEM, se dictó el mismo día en que fue imputado el entonces presidente, el fallecido Óscar González Daher.
Nissen presentó recursos ante el Jurado, pero fueron rechazados, por lo que planteó luego una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que al ser una sentencia del JEM, debía ser resuelta por los 9 ministros.
Así, por acuerdo y sentencia 915, del 16 de junio del 2004, la Sala Constitucional ampliada rechazó la acción que promovió Nissen contra el fallo que le destituyó, por lo que luego acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que luego presentó el caso a la Corte IDH.
Integraron la Corte, los entonces ministros José Altamirano, Alicia Pucheta de Correa, José Raúl Torres Kirmser (fallecido), Miguel Óscar Bajac y Sindulfo Blanco, a más de los camaristas Arnulfo Arias, Basilicio García, Arnaldo Martínez Prieto y María Sol Zuccolillo.
El veredicto fue dictado en forma unánime por los integrantes de la Corte, por lo que se confirmó la destitución del entonces fiscal Alejandro Nissen Pessolani.
Con ello, según el ex agente, el procurador general de la República tendría que actuar en contra de estas personas, cuyos fallos fueron declarados arbitrarios y nulos por la Corte IDH, con lo que el Estado tiene derecho a recuperar el pago que le harán.
308.629,12
dólares deberá abonar el Paraguay, entre indemnización y reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia.