Algo similar ocurre con el tema ambiental. Durante mucho tiempo, autoridades y sectores con poder e influencia en la sociedad ignoraron las advertencias de los ambientalistas sobre la acelerada destrucción del ecosistema, especialmente sobre la gran tala de enormes áreas boscosas para habilitar extensas nuevas áreas para la ganadería y la agricultura mecanizada, fundamentalmente, como sobre los dañinos efectos de verter residuos sin debido tratamiento en recursos hídricos, contaminando acuíferos, ríos, lagos y arroyos.
Sucesivos gobiernos han minimizado la cuestión ambiental, alegando que las advertencias ecologistas respondían principalmente a posturas ideológicas. Con similar razonamiento, autoridades gubernamentales y del sector económico se vienen oponiendo a suscribir instrumentos jurídicos internacionales importantes, como el Acuerdo de Escazú, que busca establecer un mayor control sobre los efectos del cambio climático.
A pesar de que el Paraguay cuenta con instrumentos legales apropiados, como el Código Ambiental o las leyes que establecen una sustancial reducción de la deforestación, las mismas no se cumplen en la práctica, debido a la incapacidad o el desinterés gubernamental en establecer controles, como a la imperante corrupción de funcionarios del área ambiental y del sistema de Justicia, derivando en una alta impunidad ante los crímenes ecológicos.
Además de ser muy ineficiente en su gestión, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) tiene destinado apenas el 0,06% del Presupuesto General de la Nación (PGN), mostrando la poca importancia que se brinda a encarar el problema. En la práctica, el Paraguay invierte apenas un dólar por persona en el medioambiente.
En estos días, el clima mostró los efectos del daño causado, con temperaturas que llegaban a más de 40 grados, con fuertes y cálidos vientos que propagaron los incendios, muchos de ellos provocados de manera inconsciente y criminal, ocasionando enormes perjuicios e incluso pérdidas de vidas humanas, además de muerte de animales y destrucción de áreas vegetales.
Debido a ello, la agricultura familiar ya siente una pérdida del 40% por la sequía y los incendios, mientras la producción mecanizada mermará en un 20%, además de graves pérdidas en la ganadería y otros rubros, agregando los dañinos efectos en la salud de la población.
Basta de ignorar de manera tan inconsciente la problemática ambiental. Es urgente reaccionar y sostener una acción más decidida, estableciendo de una buena vez una verdadera política ambiental.
