La medida había sido objetada por el sector privado, porque interpretaba que con la decisión se deja prácticamente a Petropar como única empresa con capacidad para operar en la línea denominada búnker.
Incluso el director ejecutivo de Raizen Shell, Luis Ortega, había dicho en la ocasión de conocerse el decreto, que el mismo da exclusividad a Petropar y que los requerimientos son ilógicos.
“Volvemos a lo de siempre, haciéndole eficiente a una empresa del Estado por medio de decretos. Cómo el sector privado va a entrar a competir así”, se había preguntado, al tiempo de mencionar que la firma internacional evaluaría su continuidad en el país.
Para los emblemas privados, el problema no pasa por el control, sino por los requerimientos de infraestructura que deja en competencia solo a la empresa estatal.
El decreto establece que los emblemas deben contar con tanques físicos de almacenamiento con una capacidad mínima de 16.000.000 de litros y ser de uso exclusivo para el aprovisionamiento a bordo de medios de transporte, mientras que todo el sector vende solo alrededor de 11.000.000 de litros en total por mes.
Reclaman que se les exija hacer una inversión tan importante cuando el búnker tiene una participación de 4% en el mercado, por lo que no compensa tamaña inversión.
Por su parte, el titular de la DNIT, Óscar Orué, había mencionado sobre la sospecha de que el combustible para búnker se vendía a vehículos particulares sin pagar impuesto selectivo al consumo (ISC), generando una competencia desleal entre emblemas.
