Inevitablemente, dado el mes que transcurre, el diagnóstico evoca las desdichas atribuidas a Karai Octubre, y las promesas sugieren un yopará que los postulantes aseguran que indefectiblemente lo espantará si son electos.
No hay programa de gobierno que no prometa educación y salud de calidad para todos, trabajo digno y bien remunerado, la eliminación de la pobreza, la victoria contra el EPP y los narcos, plena seguridad personal, supresión de la corrupción. Pero poco o nada se habla de cómo se han de financiar estas propuestas ni de cómo se han de construir los consensos de gobernabilidad que permitan su implementación.
La realidad es que la administración que asuma el 15 de agosto próximo enfrentará desde el día uno urgentes y complejos desafíos, ninguno de los cuales tiene fácil solución, y todos cargados de riesgos. Algunos de los más importantes:
Reformas del Estado: Los proyectos de reforma del servicio civil y del sistema de educación pública, paralizados hoy en el Congreso, son esenciales para lograr los objetivos de un Estado más eficiente y una mejora en los catastróficos resultados de las mediciones de la educación. Pero cualquier avance en estas iniciativas enfrentará dura resistencia de los sindicatos afectados, y la amenaza de huelgas paralizantes.
Poder Judicial. Las falencias del sistema judicial, como el bajo nivel de cumplimiento en investigación y procesos judiciales por lavado de dinero, señalado por la reciente evaluación del Gafilat, además la lentitud en lograr imputaciones y condenas de delincuentes, dañan la imagen de nuestro país. Pero reformas sustanciales en el Poder Judicial caen fuera del ámbito de acción directa del Poder Ejecutivo, y requieren del acuerdo de partes que tratarán a toda costa de preservar el statu quo en un sistema que les favorece.
Sistema previsional. La Caja Fiscal de Jubilaciones y otras cajas sectoriales acarrean déficits de gran –y creciente– magnitud que son bombas de tiempo fiscales. Asimismo, las demandas al sistema de salud se han vuelto financieramente insostenibles, lo que se traduce en una atención médica cada vez más deficiente. Las urgentes medidas necesarias para corregir estos desequilibrios, tales como aumentar los aportes, racionalizar las jubilaciones y elevar la edad de jubilación, son políticamente tóxicas.
Déficit. La pandemia cebó el apetito de los políticos para realizar gastos sin contrapartida de ingresos, elevando el déficit a niveles muy superiores al límite determinado por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Como consecuencia, nuestro endeudamiento está llegando al tope de lo prudente. Volver a una adecuada disciplina fiscal requerirá un incómodo y resistido apriete de cinturón.
Itaipú. La revisión del Anexo C será en la práctica una revisión del Tratado, firmado hace 50 años en condiciones políticas y económicas muy distintas a las actuales y que está cumpliendo su vida útil. Ningún posible acuerdo con el Brasil dejará satisfechos a los vociferantes críticos locales, y la amenaza de juicio político estará latente.
Contemplando esta sombría agenda, es sorprendente que tantos ciudadanos aspiren a hacerse cargo de la conducción del país. El jopara necesario para espantar este funesto Karai Octubre requerirá bastante más que cecina, locro, caracú y poroto.