Lo insólito es que este regalo del cielo no le había costado nada, fue una gentileza de sus propios enemigos políticos en una de las manipulaciones jurídico-políticas más incompetentes que hayamos visto en muchos años.
La historia comienza luego de las elecciones de 2018 cuando el dueño de una estación de servicios de Ciudad del Este se percata de que dos facturas suyas de la campaña presidencial de Efraín Alegre habían sido clonadas con montos modificados. Estas facturas estaban entre las más de 5.000 que el PLRA había presentado al Tribunal Superior de Justicia Electoral, institución que las verificó y aceptó. La denuncia fue estentóreamente festejada por la dirigencia del llanismo y magnificada por la prensa cartista como prueba irrefutable de la corrupción de Efraín Alegre. Prontamente, el fiscal Édgar Sánchez lo imputó por producción de documentos no auténticos, desconociendo de manera increíble que la propia Ley de Financiamiento Político expresa que “los candidatos no pueden ser administradores electorales”.
Huele a barbaridad jurídica: El fiscal Sánchez imputó al candidato Alegre por tener la responsabilidad de ser el administrador de su campaña, justo lo contrario de lo que impone la ley. Y al fiscal le siguieron la jueza Cynthia Lovera y un Tribunal de Apelación que admitieron una imputación torcida en la que el pobre relato de los hechos y la infantil confusión de fechas obligaron a una escandalosa “rectificación” por parte del fiscal Eugenio Ocampos. Sí, el mismo que —según los audios filtrados— negociaba casos con el senador cartista Óscar González Daher. ¿Faltaba algo? Sí, las ridículas medidas alternativas a la prisión a las que Alegre dio una respuesta política y no jurídica. Y, por muchos meses, el caso quedó congelado.
Aprendí a interpretar el peso político de Efraín Alegre después de que las encuestas del 2018 le dieran más de 20 puntos de desventaja y terminara perdiendo por apenas 3% de los votos. Había sido víctima de lo que entonces llamé “encuesticidio planificado”. No era tan odiado como aseguraban. Ahora, de nuevo, una sostenida campaña mediática lo apunta como el candidato liberal “más fácil de derrotar por la ANR” o como el “eterno perdedor”. La prensa del patrón dispara preferencialmente contra él y ese empeño suele ser un indicador infalible. Es al que tienen miedo.
Por eso, muchos meses después, cuando Efraín Alegre se encontraba cercado por las críticas provenientes de sus adversarios internos —el llanocartismo— y externos —el mero cartismo—, alguien decidió darle el golpe de gracia. Sufriría la humillación de la cárcel, a través del garrote servil del Ministerio Público y alguna jueza de ocasión.
Y ahora todos se asustan de la unánime reacción adversa que provocaron. Consiguieron exactamente lo contrario de lo que buscaban: agradar al jefe. Convirtieron al decaído Alegre en un Mandela redivivo. Lo resucitaron políticamente, lo revistieron de ética y quedaron, fiscales y jueces, expuestos como lo que realmente son: unos pobres funcionarios obsecuentes.
Fue un típico caso de lawfare —una asociación ilícita entre jueces, fiscales, poder político y económico para atacar a un oponente—, pero utilizado por los ejecutores más torpes de la historia. Ahora, Efraín Alegre recibe cómodo las visitas de las distintas comitivas que vienen a manifestarle su apoyo, mientras desoye sonriente los velados pedidos de la Fiscalía de que, por favor, se vaya a su casa o los de Blas Llano, de que deje de victimizarse. Todo por culpa de la Justicia paraguaya, que siempre fue dócil, pero nunca tan chapucera.
