EFE.
Se trata de “dar voz” a los catalanes lo antes posible después de la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de esa región, dijo Rajoy.
El Ejecutivo también dispuso el cierre de las oficinas que el Ejecutivo de la región de Cataluña tiene en el extranjero, salvo la de Bruselas ante la Unión Europea (UE), como parte de las decisiones adoptadas para restablecer la legalidad en esa autonomía cuyo Parlamento aprobó una declaración de independencia.
En respuesta al desafío secesionista, el Ejecutivo español ordenó la destitución del presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y de todos sus consejeros, cuyas funciones será asumidas por los ministerios competentes.
El Consejo de Ministros ordenó también el cese de los responsables del departamento de Interior del Gobierno regional, así como el cierre de las “embajadas” catalanas en el extranjero, excepto Bruselas.
De acuerdo con la página web del Ejecutivo regional, Cataluña tiene siete delegaciones de representación en el exterior: Alemania, Francia y Suiza, Reino Unido e Irlanda, Austria, Italia, Unión Europea y Estados Unidos.
Estas decisiones fueron aprobadas en un Consejo de Ministros extraordinario, aunque también se celebró otro ordinario, en el que el Gobierno pidió al Tribunal Constitucional que anule la declaración de independencia votada hoy en el Parlamento regional de Cataluña.
El Senado de España dio luz verde hoy, por mayoría absoluta, a las medidas que el Gobierno español propuso para frenar el proceso secesionista en Cataluña, después de que el Parlamento de esa comunidad autónoma declarara la independencia de la región.
Las medidas, que prevén devolver la legalidad constitucional y estatutaria a Cataluña, fueron aprobadas por 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención.
