10 ene. 2026

Espaldarazo del Constitucional a ley de aborto vuelca ojos del mundo a Chile

El espaldarazo del Tribunal Constitucional (TC) a la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos hizo reaccionar al ámbito político, social y religioso de Chile, además de volcar los ojos del mundo hacia el país suramericano.

Envío.  Bachellet entregó el proyecto para el nivel superior.

Envío. Bachellet entregó el proyecto para el nivel superior.

EFE


"¡Es un logro de muchas mujeres que durante tres décadas trabajamos para ello!”, exclamó este martes la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, respecto de la reinstauración de la normativa, que fue suprimida por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La mandataria celebró la decisión del TC de refrendar la constitucionalidad del aborto en los casos de violación, inviabilidad fetal y riesgo de muerte de la mujer, en un “día histórico para las mujeres de Chile”.

Así lo hicieron también diversas organizaciones feministas y de derechos humanos, que se manifestaron a favor de este “triunfo”, después de más de tres años de tramitación de la ley en el Parlamento y su siguiente ingreso al TC por solicitud de la derecha.

Para Amnistía Internacional (AI), la resolución de los diez jueces del TC “es una importante victoria para los derechos humanos y para la protección de la vida y la salud de las mujeres y niñas” del país suramericano.

La organización Human Rights Watch (HRW), por su parte, llamó a las naciones de la región que aún imponen una prohibición absoluta del aborto a “reexaminar su legislación, siguiendo el avance clave” de Chile.

Sin embargo, no todo ha sido celebración, pues la Iglesia católica calificó de “incomprensible” la decisión del TC, que visó para su posterior promulgación la ley que legitima el aborto en los tres supuestos.

La Conferencia Episcopal señaló en un comunicado que el aborto “no es la solución para las situaciones dolorosas y difíciles”, y agradeció a los legisladores que trabajaron “para que no se establezca el aborto en Chile”.

Asimismo la senadora y presidenta del conservador partido Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rysselberghe, lamentó que la vida “no sea un valor en absoluto”, además de augurar “una fiesta para los violadores” de Chile, comentario que fue rechazado por otros sectores políticos.

Los candidatos a la Presidencia, por su lado, adoptaron posturas a favor y en contra en este polémico debate.

El candidato oficialista a las elecciones del 19 noviembre próximo, Alejandro Guillier, sostuvo que en Chile “el aborto tiene cara de niña”.

“La inmensa mayoría de los casos son niñas de entre 12 y 14 años, con familiares que tratan de ayudarlas cuando deciden terminar el embarazo, y hoy son condenadas por la justicia”, dijo el parlamentario.

Beatriz Sánchez, candidata presidencial por el Frente Amplio utilizó Twitter para referirse a la decisión del Constitucional, y aseguró que “hoy somos un mejor país”.

“Las mujeres hoy tenemos un poquito más de derechos de los que tenemos habitualmente y eso no puede sino ponerme muy contenta”, declaró en la red social.

La senadora Carolina Goic, candidata de la Democracia Cristiana escribió en Twitter que Chile ha decidido “cambiar la pena de cárcel por el acompañamiento a las mujeres”.

Sebastián Piñera, candidato del derechista conglomerado Chile Vamos, rechazó el respaldo del TC a la ley y anunció que en un eventual Gobierno pondrá “especial compromiso y prioridad en acompañar a las mujeres con embarazos vulnerables”, remarcando que estará siempre “a favor de proteger la vida”.

El TC rechazó el lunes dos requerimientos presentados por Chile Vamos para frenar la promulgación del proyecto de ley, aunque el país, con una mayoritaria población que profesa la religión católica, se ha mostrado en diversas encuestas partidario del aborto en casos especiales, con más de un 70 % de apoyo ciudadano.

Después de cuatro horas de debate, el TC sí acogió un punto referido a la objeción de conciencia, que consiste en una excepción jurídica que permite por razones “morales superiores” a profesionales médicos e instituciones no actuar conforme a la ley.

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