Los integrantes del grupo Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE) respondieron en la víspera el comunicado de la Asociación de Agentes Fiscales, a cargo de Ricardo Merlo, en el cual los agentes califican las manifestaciones en contra de los políticos como “poco pacíficas” y apartadas “notablemente de lo que las leyes disponen”.
Los miembros de CACE consideran este mensaje como un claro amedrentamiento hacia la sociedad civil y llaman a la ciudadanía a estar atenta ante lo que pueda hacer el Ministerio Público.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía en general, a estar atentos con lo que pueda pasar con los activistas sociales y luchadores por los derechos humanos que vienen defendiendo nuestra frágil democracia, pues con el comunicado de referencia, el Ministro Público advierte que seremos pasibles de imputaciones penales para silenciar nuestras voces”, señala la comisión en su mensaje.
El sector civil –encabezado por la abogada María Esther Roa– remitió algunas interrogantes a Merlo, preguntándose que si la ciudadanía no presiona, ¿con qué otra herramienta cuenta para que las autoridades reaccionen ante sus pedidos?
Ante la carta abierta dirigida de parte de los fiscales agremiados, al referido colectivo de ciudadanos, a quienes critican por supuestamente presionarlos para que saquen medidas en torno a los expedientes de políticos con varios indicios de corrupción, los miembros de la Comisión Escrache insistieron a que den respuestas a sus pedidos.
“¿La coacción que recibe la ciudadanía de vuestra parte para mantenerse impasible y callada, es un derecho de los fiscales? ¿Qué acciones se le permite a la sociedad frente a la coacción que recibe?”, señala la nota de CACE.
En tono punzante, los manifestantes agregan que si los fiscales no actúan sancionando a los responsables de los hechos de corrupción, “estarán bajo la sospecha legítima de la sociedad”.
Agregan que los fiscales en su mayoría no representan a la ciudadanía “desconocen las normas, violan nuestros derechos, nos maltratan y no investigan los hechos punibles, y mucho menos aquellos vinculados a la corrupción política”.
INCONSTITUCIONAL. En el final de la nota, la agrupación ciudadana hace una oportuna observación sobre el papel que ejerce Merlo, preguntándose si el rol como presidente de una asociación no constituye una violación constitucional, con base en el artículo 254 de la Carta Magna, que habla de las incompatibilidades. En la norma citada se establece que un magistrado no puede ejercer un rol dentro de “partidos, asociaciones o movimientos políticos”.
Es por esto que CACE califica de violador de la Constitución al fiscal Merlo y además apuntan que el referido agente trata de acallar las manifestaciones de repudio a los políticos actuando en favor de estos. “Saca un comunicado para proteger a sus pares, y censurar nuestro derecho constitucional a manifestarnos contra la aterradora impunidad, y de esa manera proteger los intereses de los corruptos que hace tiempo buscan parar los escraches para seguir robando impunemente”, lamenta CACE.
