Tal como lo ha destacado un informe especial publicado por este diario en su edición de ayer, parte de la serie “2020: El año que cambió nuestras vidas”, dedicada a analizar lo ocurrido en este terrible año en que la crisis de la pandemia golpeó al mundo, en el Paraguay hemos sufrido los golpes de este otro virus aún más fulminante.
Los escándalos de corrupción hicieron que el ministro Mazzoleni se transformase de héroe a villano. De ser inicialmente felicitado por sus pares a nivel internacional, se ha vuelto blanco de diversas críticas sobre los escándalos de corrupción, que ni con la pandemia dieron tregua.
Además de las presuntas compras fraudulentas descubiertas en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y en Petróleos Paraguayos (Petropar), provocando la renuncia de sus titulares Édgar Melgarejo y Patricia Samudio, el escándalo más grande se dio con la millonaria compra fallida de los equipos e insumos importados desde China, que no respondieron a los requerimientos técnicos exigidos, caso que implicó a las empresas Imedic SA y Eurotec SA, pertenecientes al clan liderado por el empresario Justo Ferreira.
Tal como lo han cuestionado autoridades de organizaciones médicas y empresariales en las páginas de este diario, el Ministerio de Salud optó por encargar las compras a empresas de maletín, adelantando millonarias sumas de los fondos de emergencia aprobados por el Congreso, en lugar de apelar a la industria local.
A pesar de que la Contraloría indicó que el Ministerio de Salud incurrió en “irregularidades en todo el proceso de compras”, y que la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras, presidida por el ex senador Arnaldo Giuzzio, confirmó que se había montado un esquema delictivo para compras fraudulentas de insumos médicos con dinero del Estado, la Justicia avanzó muy poco en investigar el negociado y en castigar a los culpables.
A ocho meses de ser denunciada la fraudulenta compra, nadie está preso. El empresario Justo Ferreira y su hija Patricia fueron beneficiados con medidas sustitutivas de la prisión y los funcionarios de Salud, que aparecen involucrados en autorizar la compra previamente, solo fueron suspendidos por 30 días en sus funciones, sin goce de sueldo.
En resumen: se exigió a la gente sacrificarse en la cuarentena, con grandes pérdidas económicas, para dar tiempo a equipar mejor los hospitales, pero se hizo muy poco, mientras se continuó robando mucho. La impunidad con que se cubre a quienes aparecen involucrados es una de las principales causas de que la ciudadanía haya dejado de respetar las exigencias de cuidado sanitario.
Más que el de la pandemia, el virus de la corrupción es el que debe ser erradicado con urgencia en nuestro país.