Amarilla admite que es abogado de la Agroganadera Aquidabán SA, de los Da Mota, al igual que de otras empresas y personas que también se declaran propietarias de antes del inmueble reclamado, como supuestamente despojado en 1971 por el narcotraficante Joaquinziño da Mota al inmigrante Cirilo Cordone. También admite que recibió el poder para la defensa junto con la abogada María Alciris Cabral, pareja sentimental del capo narco y líder del PCC, Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro.
“María Alciris es solo la abogada patrocinante. La defensa la llevo yo. Cuando la conocí, yo no sabía que era la pareja de esta persona (Minotauro), pero eso no cambia la cuestión de fondo. Tampoco la situación judicial actual de los dueños de la Agroganadera Aquidabán (los Da Mota están presos en Brasil por el Operativo Patrón - Lava Jato) modifica que ellos siguen teniendo derechos sobre las tierras que estamos defendiendo”, explica Felino.
ASOCIACIÓN DELICTIVA
La versión del abogado Felino Amarilla es que el reclamo de la familia Propp Cordone fue “armado” por una mafia jurídica y política que se dedica a inventar títulos para robar propiedades.
“Es una cuadrilla como dicen los brasileños, una asociación delictiva. Hay varios casos conocidos de despojo de tierras en el Chaco y en el Norte, que manejaba el entonces ministro de la Corte, Bajac, haciendo aparecer títulos antiguos sobre propiedades nuevas”, asegura.
Amarilla sostiene que en el caso del reclamo sobre la estancia de Antonio Joaquim da Mota y los otros propietarios, se maneja “un contrato privado de 1928 que fue inscripto en el Registro de Propiedad 84 años después. Hay evidencias de alteración o falsificación que estamos sometiendo a pericia en el juicio”.
Según él, no es creíble que Cordone haya ignorado por tantos años que tenía una estancia en Amambay. Además, en el título se menciona que la finca está en Loreto, Concepción, a 180 kilómetros de distancia, indica.
Tráfico de influencias
“Esta es una finca que fue parte de la antigua CAFE y perteneció al Banco Central del Paraguay. Detrás de esta operación de intento de fraude y apropiación de las tierras estaban entre otros el ex diputado liberal Pedro Milciades Duré, imputado por el caso San Agustín, y el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, a quienes yo denuncié por tráfico de influencias en la Cámara de Diputados, en el 2015”, destaca Amarilla.
También menciona en la supuesta rosca mafiosa de su contraparte al juez Carlos Alvarenga Gross, que autorizó la mensura de las tierras en 2015, y como principal operador al senador liberal Ancho Ramírez. “Todos operaban en el equipo del ahora ex ministro Bajac”, precisa.
“De todos modos, cuando yo tomé el caso, sabía que tenía todos los condimentos fronterizos. Eso es categórico. En ambas partes estaba el sonido perfecto de la frontera, con todos sus ingredientes. Que ahora los directivos de la empresa agroganadera tengan problemas judiciales no cambia la cuestión de que se debe esclarecer la legitimidad de los títulos de propiedad y eso es algo que corresponde a la Justicia”, indica el abogado Felino Amarilla.
