Las fuerzas de seguridad turcas han detenido a al menos una docena de personas, entre ellos constructores, arquitectos y aparejadores, relacionados con algunas de las decenas de miles de edificios destruidos o gravemente dañados en los sismos de magnitud 7,7 y 7,6 del lunes.
Estas detenciones son los primeros pasos del Estado para depurar responsabilidades en un momento en el que arrecian las críticas por la baja calidad de las viviendas, algo que no pocos achacan a la corrupción y a los escasos controles.
Además, la Fiscalía turca emitió más de 100 órdenes de detención contra personas sospechosas de negligencia en la edificación de edificios y ha creado una unidad especializada en investigar lo sucedido.
El vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay, dijo a primera hora del domingo que las autoridades habían identificado hasta ahora a 131 personas sospechosas de ser responsables del derrumbe de algunos de los miles de edificios caídos.
“Haremos un seguimiento meticuloso de esto hasta que concluya el proceso judicial necesario, especialmente para los edificios que sufrieron graves daños y causaron muertos y heridos”, dijo Oktay.
Los líderes de la oposición han acusado durante mucho tiempo al gobierno de Recep Tayyip Erdogan de no hacer cumplir las normas de construcción.
Con unas elecciones presidenciales en mayo, la gestión del desastre y las explicaciones sobre lo sucedido pueden determinar la suerte de Erdogan en las urnas.
Aunque Turquía cuenta con una normativa sobre resistencia sísmica en la construcción, rara vez se aplica, incluso en las viviendas más recientes y que deberían haber soportado mejor los temblores.
Además, bajo el gobierno de Erdogan se aplicaron varias amnistías a los edificios que habían incumplido la normativa –incluida la resistencia sísmica– y se legalizó su situación a cambio de una multa económica. EFE