¿Puede un ciudadano residente en Asunción andar en el EPP de Concepción? Supongo que solamente en el caso de que algunos funcionarios públicos le quieran sacar unos pesos. Esta es una suposición plausible para el inexplicable caso del doctor Fermín Ozuna.
Al volver de Francia en 1989 con el título de veterinario, Ozuna abrió una veterinaria (llamada Nantes), en la calle Choferes del Chaco, frente a la Recoleta. La veterinaria Nantes se mudó hace unos meses a la calle Andrade, donde Ozuna sigue atendiendo a sus pacientes. Tiene teléfono. Esta información es para la Policía de Concepción que, en vez de allanar la estancia de Ozuna en Concepción, lo hubiera llamado a Asunción, para preguntarle si escondía a José Villalba o Casildo López.
Pero, ¿para qué hacer las cosas bien cuando se las puede hacer mal? El día 29 de enero de 2010, varios policías fuertemente armados llegaron a la propiedad de Paso Itá. No los acompañaba ningún juez ni fiscal ni ordenanza de juzgado; los dirigía el subcomisario Sebastián Ramírez. El capataz tuvo la irreverencia de preguntarles si traían orden de allanamiento; como respuesta lo tiraron al suelo y lo apuntaron con sus armas. Mientras tanto, otros guardianes de la ley rompían la puerta, en vez de pedirle al capataz que les abriera con la llave en su poder, como hubiera debido ser, dentro de lo ilegal del procedimiento. También rompieron los armarios y la escalera de madera, dejando la casa inhabitable y vacía; por no decir vaciada, porque se llevaron una gran cantidad de cosas.
Aunque no estaban ni Villalba ni López, se llevaron a dos personas de la estancia, quienes salieron en libertad porque el patrón se enteró del sarambí. ¿Cómo se enteró? Porque la esposa de uno de ellos llamó por celular a Asunción. Ozuna tuvo que volar a Concepción. La noticia corrió. El abuso era evidente. Debieron liberar a los presos y montar el tinglado, “aquel tinglado de la antigua farsa” (Benavente).
El juez de Paz de Loreto, Jovino González, dictó una orden de allanamiento, pero se olvidó de darle entrada o por descuido, o porque se sabía sin autoridad para dictar la orden. No sabemos si el juez de Paz o los policías fueron los descuidados, porque la orden mandaba allanar la casa de Salen Basic y se allanó la de Ozuna (en rigor, la de Cindy Soutter, su esposa). El pretexto fue la tenencia ilegal de armas, de cuya existencia no podía saberse antes de atracar la casa (de donde se las llevaron), y que estaban todas registradas a nombre del propietario (exceptuando dos viejas piezas de museo). ¿Existe una estancia que no tenga armas? No, pero los estancieros tampoco son epepistas.
La historia tendría su lado cómico si a los propietarios de Paso Itá no les hubiese costado ya unos 17 millones de guaraníes entre honorarios de abogado, gastos judiciales, reparaciones etc. Los trámites siguen. Como no se debe abusar así de nadie, es justo y necesario que la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio del Interior sancionen a los responsables del abuso. Además, el Estado debe indemnizar al perjudicado, y protegerlo de cualquier represalia de las autoridades locales.